La UIF no tiene acreditados los vínculos con el Cártel del Noreste que Estados Unidos atribuye a la red sancionada, afirmó Claudia Sheinbaum. La Presidenta pidió “pruebas” y distinguió entre irregularidades en cuentas y nexos con la delincuencia organizada.
REGIÓN GLOBAL — La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene acreditados los vínculos con el Cártel del Noreste que Estados Unidos atribuye a una red de empresas acusadas de lavado de dinero, financiamiento electoral y obtención de contratos públicos. “Pero en particular, en este caso, la UIF, hasta donde me ha informado la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, sostuvo la Mandataria.
La respuesta presidencial llegó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionara a cuatro personas y once entidades relacionadas con actividades de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos, principalmente en Tamaulipas. La OFAC identificó una red empresarial presuntamente utilizada por el CDN para lavar recursos procedentes del narcotráfico y financiar sus operaciones. Según las autoridades estadounidenses, la constructora Construcciones y Edificaciones Garza Elías desviaba recursos a campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal, mientras que Gamaliel Garza Elías entregaba dinero en efectivo para financiar actividades electorales.
La OFAC también señaló que CEGESA y Concretos y Productos Asfálticos del Norte obtuvieron contratos de obra pública del municipio de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas, y figuraban a principios de 2026 como las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en esa ciudad. Entre los principales señalados figura el empresario Gamaliel Garza García, propietario de negocios vinculados con la construcción y las carreras de caballos, incluido el equipo Cuadra San Dibanh, que participaba en competencias del Club La Molienda, en Nuevo Laredo. La OFAC identificó ese establecimiento, que funcionaba como hipódromo, restaurante y bar, como un centro de operaciones del CDN, del que presuntamente obtenía ingresos mediante entradas y apuestas.
Sheinbaum explicó que el Gobierno mexicano acompaña algunas sanciones estadounidenses cuando la UIF encuentra irregularidades financieras, pero pidió pruebas para establecer vínculos con organizaciones criminales. “Lo que hemos dicho siempre, como lo decimos, denos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas. Porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, señaló. La Presidenta recordó que, cuando la UIF detecta irregularidades, tiene la obligación de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones correspondientes.
La postura presidencial contrasta con el comunicado del Departamento de Estado, que ese mismo lunes advirtió al CDN y a su red de financistas: “Que esto sirva de advertencia a todos los líderes, financistas y socios comerciales de CDN: Estados Unidos los perseguirá a ustedes, a sus bienes y a su organización criminal, sin importar dónde intenten esconderse. No hay refugio seguro para quienes financian o se benefician de la violencia y la destrucción de CDN”. El texto, firmado por el portavoz Thomas Tommy Pigott, acompaña la acción más significativa del Departamento del Tesoro contra el CDN en la Administración Trump.
La contradicción entre ambas versiones no es nueva en el expediente. El 30 de septiembre, tras las sanciones contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Sheinbaum dijo que la UIF encontró irregularidades financieras en cuentas de varios sancionados, pero no necesariamente nexos con organizaciones delictivas: “Eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”. El Wall Street Journal reportó que la Presidenta confrontó a su gabinete de seguridad por el manejo de esas sanciones, aunque ella negó haber reprendido a Omar García Harfuch. La zar antidrogas Sara Carter advirtió después que EU irá tras los funcionarios que colaboren con los cárteles, sin importar su cargo.
El comunicado del Tesoro, en cambio, afirma que la OFAC coordinó esta acción con la UIF de México, además de trabajar en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y con apoyo de la DEA, el FBI, ICE Homeland Security Investigations, CBP, el IRS Criminal Investigation y la ATF. Esa coordinación que Estados Unidos atribuye a la UIF es la misma que la Presidenta pone en duda al exigir pruebas. Mientras tanto, la FGR no ha informado si investiga a los señalados por la OFAC, y la UIF no ha detallado qué irregularidades encontró en las cuentas de la red sancionada.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
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