El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que implementa la Ley Graham, con aranceles del 500% a bienes rusos y del 100% a compradores de petróleo, pero eximió su aplicación hasta nuevo aviso. Washington, octubre de 2026.
Estados Unidos | Región Global — La Casa Blanca publicó el 16 de octubre de 2026 una orden ejecutiva que implementa la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, promulgada el 18 de septiembre, y que en el mismo acto suspende la aplicación de sus sanciones, restricciones y aranceles. El documento firmado por el presidente Donald Trump combina un régimen de represalias comerciales de alcance inédito con una exención general que deja ese régimen en suspenso.
La orden establece en su sección 2 un incremento del 500 por ciento ad valorem sobre las mercancías de la Federación Rusa, un arancel del 100 por ciento para los cinco mayores importadores de petróleo y gas natural rusos si realizan compras nuevas a partir del 18 de octubre de 2026, y otro 100 por ciento para los cinco principales facilitadores de la evasión de sanciones petroleras rusas. Esas tasas se suman a cualquier otro arancel, tarifa o impuesto aplicable, incluidos los previstos en la Ley de Aranceles de 1930 y en las secciones 122, 201, 301 y 232 de las leyes comerciales. El Representante Comercial queda encargado de vigilar las compras e importaciones y de informar periódicamente al presidente.
Sin embargo, la sección 4 exime la aplicación de los aranceles de las secciones 112 y 113 de la Ley Graham y de las sanciones y restricciones de las secciones 102(a), 102(d), 102(e), 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 117. Trump certificó al Congreso que la exención "redunda en el interés nacional de los Estados Unidos" y que se mantendrá hasta que el presidente o el secretario de Estado determinen que procede otra acción. Este hecho complementa lo declarado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien justificó el plazo de 60 días para evaluar el impacto económico de las sanciones y aranceles, y contradice en la práctica la lectura de que la Ley Graham entraría en vigor de inmediato: la norma queda promulgada, pero neutralizada por decisión presidencial.
La sección 5 delega las facultades en el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, el secretario de Energía y el Representante Comercial, con posibilidad de redelegación, y precisa que la orden no afecta las sanciones vigentes bajo el estado de emergencia nacional prorrogado el 24 de marzo de 2026 por actividades dañinas del gobierno ruso. La arquitectura jurídica deja al Ejecutivo con la potestad de activar o mantener suspendido el régimen arancelario según la evolución del suministro energético y de la guerra en Ucrania, variables que Rubio vinculó al alza de precios y a la presión sobre países aliados como India.
Se registra así una tensión entre el mandato legal del Congreso y la discrecionalidad presidencial: la Ley Graham habilita aranceles de hasta el 500 por ciento, pero la orden ejecutiva los difiere en su totalidad. La verificación pendiente es si la exención se mantiene, si el Congreso impugna la certificación o si la presión de legisladores como Ted Cruz fuerza una activación parcial antes del vencimiento del plazo que la administración invoca.
Fuente: Implementing the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
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