El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un filtro voluntario y confidencial que alertaría a los partidos sobre riesgos en los perfiles que buscan postularse en 2027, sin cancelar candidaturas automáticamente.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza ha decidido que la integridad de las candidaturas no puede seguir siendo un asunto de buena fe. Su iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla propone crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un mecanismo que, en teoría, permitiría a los partidos revisar los antecedentes de sus aspirantes antes de postularlos. En la práctica, la propuesta es un reconocimiento implícito de que los partidos no están haciendo su tarea: si necesitan una comisión que les avise cuándo un candidato tiene vínculos delictivos o antecedentes de corrupción, es porque hasta ahora han preferido no preguntar.
El funcionamiento de la comisión sería voluntario. Los partidos o los aspirantes independientes podrían solicitar la revisión de perfiles, con el consentimiento de los evaluados. Si la comisión detecta un riesgo razonable, lo comunicaría de manera confidencial. Y una alerta de riesgo no implicaría la cancelación automática de la candidatura: la decisión final seguiría en manos de los partidos. Es decir, la comisión sería un detector de humo, no un extinguidor. Podría avisar que hay fuego, pero no apagarlo. La pregunta obvia es: ¿de qué sirve una alerta si quien la recibe puede ignorarla sin consecuencias?
Villegas Mendoza, que también preside el consejo estatal de Morena y aspira a la alcaldía de Tecamachalco o a la reelección, ha enmarcado la iniciativa en un discurso de prevención y responsabilidad. "Puebla necesita prevenir riesgos antes de que se conviertan en problemas", dijo. La frase es impecable, pero también es un eco del comunicado que el gobernador Alejandro Armenta emitió el 4 de septiembre, cuando llamó a los partidos a revisar perfiles y advirtió que "la omisión es complicidad". Villegas no está inventando nada nuevo: está traduciendo el discurso del gobernador en una iniciativa legislativa. La coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo es tan perfecta que casi da vértigo.
El diputado fue cuidadoso al señalar que la comisión respetaría la presunción de inocencia y protegería los datos personales, y que el procedimiento no debe utilizarse con fines electorales o de difamación. La advertencia es pertinente, pero también es una confesión de los riesgos que implica el mecanismo. Una comisión que recibe listados de aspirantes y detecta "riesgos razonables" puede convertirse fácilmente en un instrumento de guerra sucia interna, donde las alertas confidenciales se filtren a la prensa o se utilicen para desacreditar a rivales. La historia de la política poblana está llena de ejemplos de mecanismos que nacieron con buenas intenciones y terminaron siendo armas de facción.
La iniciativa de Villegas también puede leerse como un movimiento estratégico de posicionamiento personal. El diputado, ES uno de tantos morenistas con aspiraciones, ahora suma un perfil de legislador anticorrupción. Es un tema de alta sensibilidad social, en línea con el discurso de Armenta, y le permite construir una imagen de político responsable justo cuando su propio futuro electoral está en juego. Si la iniciativa prospera, Villegas podrá presentarse ante los ciudadanos de Tecamachalco como el diputado que quiso limpiar las candidaturas. Si no prospera, siempre podrá decir que lo intentó.
El contexto, además, le da urgencia a la propuesta. En Zacatlán, el síndico Juan Carlos Lastiri Yamal —hijo de Juan Carlos Lastiri Quirós, señalado en la Estafa Maestra— aspira a la candidatura de Morena, mientras la presidenta municipal Bety Sánchez busca reelegirse. En Tehuacán, la dirigente estatal Olga Romero, la diputada Rosario Orozco y Alfredo Chávez enfrentan una denuncia por actos anticipados. Y en la capital, el tablero está lleno de aspirantes con diversos niveles de exposición. Una comisión de integridad, si funcionara de verdad, tendría material de sobra para analizar. La duda es si tendrá la independencia necesaria para señalar a los perfiles incómodos, o si se convertirá en un mecanismo selectivo que solo detecte riesgos en los adversarios del gobernador.
La iniciativa de Villegas es, en el fondo, un espejo de la política poblana: todos hablan de integridad, todos prometen prevenir riesgos, pero nadie quiere un mecanismo que realmente pueda vetar candidaturas. La comisión propuesta no obliga, no cancela, no sanciona. Solo alerta. Y en un estado donde la omisión es complicidad, según el propio gobernador, una alerta que puede ser ignorada es, quizás, la forma más elegante de no hacer nada. Puebla necesita prevenir riesgos, dice Villegas. Pero para prevenir riesgos de verdad, haría falta algo más que una comisión voluntaria: haría falta voluntad política. Y esa, hasta ahora, no ha aparecido en Puebla.
0 Comentarios