La ASF detalló tres líneas de trabajo: investigación de oficio por irregularidades en contrataciones del INE, OPLES e IFE; un estudio histórico de adquisiciones de 2000 a 2025; y una auditoría integral al gasto del INE y de los organismos locales en CDMX.
Ciudad de México | Región Global — La Auditoría Superior de la Federación comunicó las tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo respecto a grupos empresariales y entes públicos electorales vinculados con adquisiciones y servicios. El organismo informó que estas acciones derivan de que tanto los trabajos de inteligencia realizados como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLES, el INE y el entonces Instituto Federal Electoral.
La primera línea es una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales, así como del Instituto Nacional Electoral y del entonces Instituto Federal Electoral. La segunda es un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, el INE y todos los OPLES de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y servidores públicos. La tercera es una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLES.
La ASF precisó que realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. Como se documentó en este expediente, la Auditoría ya había iniciado una investigación de oficio por indicios de irregularidades en contratos, conflictos de interés y triangulación de recursos, había detectado que Corporativo ZEG recibió facturas de empresas factureras y que JVLY trianguló 63.2 millones, y mantenía abiertos expedientes por pagos no devengados a Talleres Gráficos por 793.9 millones; esta entrega complementa ese expediente al precisar el alcance histórico de la revisión, que abarca desde el año 2000 y alcanza a los tres organismos electorales.
El estudio histórico busca identificar patrones de concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio del gasto público. En el expediente se documentó que cinco empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron 106 contratos por 2 mil 561 millones de pesos en 27 OPLES, de los cuales solo 53 fueron licitaciones públicas, y que el Órgano Interno de Control imputó a cinco servidores públicos por faltas graves y detectó un esquema de colusión y simulación de competencia que operó entre 2014 y 2025.
La ampliación de la pesquisa de la ASF se suma a las acciones de la UIF, que congeló las cuentas de Guadalupe Taddei y de 40 personas vinculadas a proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y a la revisión que el INE realiza de la Junta General Ejecutiva y de sus contratos vigentes bajo la presidencia provisional de Blanca Cruz. La Auditoría reiteró que sus acciones se realizan con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad, y cerró su comunicado con la frase “¡Un México sin corrupción es posible!”.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación
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