El bloqueo en la carretera federal México-Puebla y la Calzada Guadalupe cumple más de 24 horas. Pueblos originarios exigen la clausura del basurero de Calpan y advierten que no se retirarán hasta firmar un contrato formal. Ante el cierre vial, las rutas de transporte aplicaron un ajuste temporal a sus tarifas que afecta a los pasajeros de Cholula y la región.
SAN PEDRO CHOLULA. — La crisis por el manejo de residuos en Puebla mantiene paralizada una de las principales arterias viales de la región. A más de 24 horas de su instalación, el bloqueo en la carretera federal México-Puebla y la Calzada Guadalupe, a la altura de la 12 Poniente, continúa cerrado por integrantes de los pueblos originarios, quienes mantienen la exigencia de clausurar de manera definitiva el basurero de Calpan. Los manifestantes advirtieron que no piensan retirarse hasta que las autoridades establezcan acuerdos formales y los formalicen mediante un contrato, lo que anticipa que el conflicto podría prolongarse por tiempo indefinido.
El impacto del cierre carretero ya se traslada directamente al bolsillo de la ciudadanía. Las rutas de transporte que operan en la zona informaron que, de mantenerse cerrada la vía principal, aplicarán un ajuste temporal en sus tarifas. El trayecto de Valle a Puebla (por Cruz del Sur o Zavaleta) costará 20 pesos; de Valle a Carcaña o Momoxpan, 18 pesos; y de Valle a Cholula, 17 pesos. Las empresas justificaron el incremento argumentando que el trayecto alterno implica un mayor recorrido, tiempo y consumo de combustible. El ajuste, sin embargo, solo estará vigente mientras dure el bloqueo; en cuanto se restablezca la circulación, las tarifas regresarán a su costo habitual.
La exigencia de los pueblos originarios no es un capricho. Acusan que el basurero de Calpan ha operado en condiciones irregulares, incumpliendo los mandatos de la Profepa y generando afectaciones ambientales y sanitarias a las comunidades aledañas. La exigencia de un contrato formal responde a la desconfianza hacia las autoridades, que en ocasiones anteriores han prometido soluciones que no se concretan. El bloqueo es su herramienta de presión, pero también es una medida que afecta a miles de ciudadanos que no tienen relación directa con el conflicto y que ahora deben pagar más por el transporte o enfrentar largas filas y retrasos.
El caso de Cholula se suma al caos regional que ya se vive en Tlaxcala, donde el cierre del relleno de Atlangatepec desató una crisis de basura, contingencia ambiental en San Pablo del Monte y un incendio de llantas en Huamantla. A esto se suma el incendio registrado en el basurero municipal de Acatlán, que dejó en evidencia la falta de infraestructura adecuada para la disposición final de residuos en la región. La crisis es sistémica: los rellenos están saturados o en conflicto, los municipios no tienen a dónde llevar su basura y los bloqueos carreteros se multiplican como una respuesta desesperada ante la inacción de las autoridades.
Mientras las autoridades de Puebla y los representantes de los pueblos originarios no logren un acuerdo, los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias: un transporte más caro, trayectos más largos, horas perdidas en el tráfico y la incertidumbre de no saber cuándo se restablecerá la circulación. La crisis de los residuos sólidos en el centro del país se ha convertido en un problema que ya no solo afecta a las comunidades que viven cerca de los rellenos, sino a toda una región que depende de carreteras y servicios públicos que hoy están en jaque.
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