Ante el colapso por el cierre del relleno de Atlangatepec, el gobierno de Lorena Cuéllar empuja a los municipios hacia Xotla, un sitio privado de residuos. La crisis, provocada por omisiones estatales, se busca resolver trasladando la factura a los ayuntamientos y a las familias, sin transparencia sobre costos ni condiciones del contrato.
TLAXCALA — La crisis de basura en Tlaxcala ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en un señalamiento político de alto calibre contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Mientras los municipios luchan por encontrar dónde depositar sus desechos tras el cierre definitivo del relleno de Atlangatepec —medida que detonó contingencias ambientales como la de San Pablo del Monte e incendios en Huamantla y Acatlán—, la administración estatal enfrenta acusaciones de querer resolver el desastre que provocó trasladando la factura a los ayuntamientos y a la ciudadanía.
En el centro de la polémica se encuentra Xotla, un sitio privado de disposición de residuos que surge como la alternativa principal ante el colapso del sistema público. La crítica es contundente: se acusa a la gestión de Cuéllar de haber dejado que la entidad se hundiera en la basura por sus omisiones y de ahora querer que los municipios paguen las consecuencias. Las preguntas que flotan en el aire son incómodas: ¿quién decidió que Xotla fuera la única opción?, ¿cuáles son los costos reales, las condiciones del contrato y los posibles gastos adicionales que terminarán absorbiendo los ayuntamientos?, y lo más grave, ¿cuánto terminarán pagando las familias tlaxcaltecas por un servicio que debería ser público?
La reapertura intermitente de Atlangatepec, que el gobierno estatal ha tenido que implementar "solo por hoy" para los municipios que no tienen a dónde ir, evidencia la falta de una estrategia de fondo. Mientras los camiones recolectores hacen filas interminables y los ayuntamientos buscan desesperadamente alternativas en estados vecinos como Puebla, la administración de Cuéllar empuja a los municipios hacia un privado cuyas condiciones no han sido claras. El riesgo es evidente: la crisis de basura no puede convertirse en un negocio redondo a costa del dinero de las familias y de las finanzas municipales, sobre todo cuando la gobernadora fue quien dejó que la infraestructura pública colapsara sin ofrecer un plan alternativo.
La exigencia de los municipios es legítima y urgente: necesitan respaldo, transparencia y soluciones integrales, no que les trasladen el problema y la factura. Lorena Cuéllar debe explicar por qué se llegó a este punto, quiénes son los dueños reales del sitio de Xotla, bajo qué condiciones se está contratando y cómo se garantizará que los costos no asfixien a las administraciones locales. La opacidad en la gestión de los residuos sólidos no solo agrava la emergencia sanitaria, sino que erosiona la confianza ciudadana y abre la puerta a la corrupción.
Tlaxcala vive una paradoja cruel: por un lado, la basura se acumula en las calles, los pueblos protestan y los cuerpos de emergencia sofocan incendios; por el otro, la gobernadora parecía más preocupada por difundir "logros" que por dar la cara ante la crisis. La gestión de Cuéllar está en entredicho. La crisis de la basura se ha convertido en el termómetro de un gobierno que prometió transformación y hoy enfrenta acusaciones de improvisación y opacidad, mientras los municipios y la ciudadanía cargan con las consecuencias.
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