La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Abel N., de 29 años, por extorsión y delitos contra la salud en Tehuacán. El 7 de enero de 2025 exigió 3 mil pesos de derecho de piso en un bar; recibió cuatro años de prisión y multa de 36 mil 883.64 pesos.

Tehuacán, Puebla | Región Global — El derecho de piso no es una leyenda urbana ni un rumor de pasillo: es una cuota que se cobra con amenazas y que en Tehuacán ya tiene sentencia. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que un tribunal condenó a Abel N., de 29 años, por extorsión y delitos contra la salud, en un caso que comenzó en un bar del municipio con una exigencia de 3 mil pesos y terminó con una pena de prisión y una multa.

De acuerdo con los hechos acreditados, el 7 de enero de 2025 el hoy sentenciado acudió a un establecimiento con giro de bar y exigió a la víctima 3 mil pesos por concepto de derecho de piso, señalando actuar por instrucciones de otra persona que previamente había realizado cobros similares mediante amenazas. La víctima entregó el dinero y posteriormente, con apoyo de empleados del establecimiento, el acusado fue retenido y entregado a la Policía Municipal. El 3 de noviembre de 2026 se dictó fallo condenatorio y, el 10 de noviembre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Abel N. cuatro años de prisión por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud, además de una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, amonestación pública y suspensión de derechos civiles y políticos.

La resolución deja a salvo los derechos relativos a la reparación del daño para la etapa de ejecución de sanciones, y la Fiscalía General del Estado de Puebla continuará dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia. El caso confirma un patrón que el expediente venía registrando en otros terrenos: la operación de cobros ilegales en Tehuacán no es un fenómeno aislado, y la mención de que el sentenciado actuaba por instrucciones de otra persona que ya había realizado cobros similares mediante amenazas apunta a una estructura que la sentencia individual no desmantela. El caso también muestra que la intervención ciudadana, con empleados que retuvieron al agresor y lo entregaron a la Policía Municipal, fue determinante para que el asunto llegara a juicio.

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