El INE denunciará a Guadalupe Taddei por enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones. Blanca Cruz informó que los equipos jurídicos afinan el documento, que revisarán los 10 consejeros y abarcará contratos desde 2023 en CDMX.
Ciudad de México | Región Global — El Instituto Nacional Electoral denunciará a la expresidenta Guadalupe Taddei por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, había informado que la denuncia se presentaría el miércoles, pero hoy argumentó que aún afinan el documento, pues debe ser revisado por los 10 consejeros: “Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles. Prácticamente, está lista, no vamos a tardar. Dependerá de los equipos jurídicos. Ya están los primeros borradores, lo que pasa es que se tiene que revisar con toda puntualidad, en breve lo vamos a estar haciendo”, justificó.
En uno de los borradores se argumenta que son conocidos los señalamientos contra funcionarios del INE, entre ellos la expresidenta, y una posible relación de “contubernio” con empresas y proveedores. El organismo pedirá revisar todas las contrataciones desde 2023 a la fecha, incluida la licitación de la credencial de elector que ganó CosmoColor en colaboración con su filial Icard Solutions y la empresa gubernamental Talleres Gráficos de México, debido a que en los videos difundidos se escucha que el proveedor José Alfredo Hernández afirma a Taddei cuánto recibirían por lograr esa asignación.
El uso ilícito de atribuciones y facultades se sustenta en el artículo 217 del Código Penal Federal, que sanciona a la persona servidora pública que ilícitamente otorgue o realice contrataciones, adquisiciones o servicios con recursos públicos, así como a quien, con conocimiento de la ilicitud y en perjuicio del patrimonio o del servicio público, solicite, promueva o participe en tales operaciones. El ejercicio abusivo de funciones se basa en que ninguna persona servidora pública, en el desempeño de su cargo, otorgue ilícitamente contratos u otros actos jurídicos que produzcan beneficios económicos para sí o para terceros. El tráfico de influencias se configura por las conductas relacionadas con la promoción o gestión ilícita de negocios públicos y la intervención indebida de particulares, en este caso, que Hernández asumiría el control de diversas áreas del organismo para favorecer a ciertas empresas; el peculado, porque los funcionarios señalados pudieron “distraer” recursos públicos para favorecerse a sí mismos y a empresarios; y el enriquecimiento ilícito, para que se investiguen las cuentas de funcionarios del INE que se pudieron beneficiar de recursos públicos.
El organismo solicitará que se valoren los videos y se busque “la fuente original”, pues es claro que pudo existir una acción deliberada para favorecer a particulares. El consejero Arturo Castillo ha insistido en que la legislación establece que algunos de estos delitos ameritan la prisión preventiva, pero corresponderá a la autoridad definirla. Como se documentó en este expediente, la UIF congeló las cuentas de Taddei y de 40 personas vinculadas a proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la ASF amplió su pesquisa al INE, a los OPLES y al IFE con un estudio histórico de 2000 a 2025, y el Órgano Interno de Control imputó a cinco servidores públicos por faltas graves; esta entrega complementa ese expediente al confirmar la ruta penal que asume el propio Instituto contra su expresidenta.
La denuncia del INE contra Taddei coloca a la institución en el papel de querellante sobre los hechos que motivaron su renuncia y la transición encabezada por Blanca Cruz, quien también revisa la estructura administrativa, evalúa a la Junta General Ejecutiva y mantiene abierta la revisión de todos los contratos vigentes, incluido el de la credencial de elector. La decisión final sobre las imputaciones penales y las posibles medidas cautelares quedará en manos de la Fiscalía General de la República y de los jueces competentes.
Fuente: Región Global
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