El Consejo General solicitó a la ASF una revisión integral de adquisiciones del INE de 2016 a 2026 y avaló un Plan de Acción Crítico para no detener la organización electoral. También revisará el padrón de proveedores y preservará documentos ante la crisis en CDMX.
Ciudad de México | Región Global — Como medida central ante los hechos que han derivado en revisiones y señalamientos relacionados con contrataciones institucionales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto correspondiente al periodo 2016-2026. Adicionalmente, aprobó una serie de medidas orientadas a fortalecer la integridad institucional, reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la implementación de mecanismos de denuncia y el seguimiento específico de las contrataciones relacionadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
El acuerdo avaló la elaboración de un Plan de Acción Crítico para asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales y la organización de la elección en curso. Asimismo, define la colaboración plena del Instituto con las autoridades fiscalizadoras, la preservación inmediata de documentación física y electrónica vinculada con procesos de contratación, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes. Se establece que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que resulten procedentes.
También se propone revisar el padrón de proveedores del INE, habilitar un mecanismo para la recepción de información relacionada con posibles hallazgos, solicitar información a otras autoridades en el ámbito de sus atribuciones y evaluar medidas adicionales para el fortalecimiento de los procedimientos de contratación y supervisión. El Consejo precisó que cualquier determinación sobre presuntas irregularidades o responsabilidades deberá derivar de los procedimientos previstos en la ley, con estricto respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey Jordan hizo un llamado a robustecer los mecanismos de fiscalización y control del gasto institucional: “No quede nada sin revisar”. Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones verificables sobre el destino de los recursos públicos y a conocer las acciones emprendidas ante posibles incumplimientos, y planteó la necesidad de impulsar cambios de fondo en la gestión administrativa: “La democracia también se honra en las cuentas que entregamos, en el orden que demostramos y en la salvaguarda del gasto que ejercemos con total transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.
Ante “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”, el consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias aprobadas, entre ellas la intervención de la ASF, la implementación de mecanismos para detectar riesgos de corrupción y la presentación de las denuncias que resulten procedentes, además de hacer un llamado a la Fiscalía General de la República para que valore las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 19 constitucional para delitos de corrupción. Como se documentó en este expediente, la ASF ya investiga de oficio al INE, a los OPLES y al IFE, la UIF congeló cuentas de Taddei y de 40 personas vinculadas a proveedores, y el OIC imputó a cinco servidores públicos; esta entrega complementa ese expediente al confirmar la solicitud institucional de una revisión integral del periodo 2016-2026.
Fuente: Central Electoral
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