La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no tiene atribuciones para investigar al Gobierno de Nuevo León por las triangulaciones de recursos vinculadas a Samuel García. Señaló que la facultad recae en la ASF y que la sanción corresponde a la auditoría local, en un contexto donde Morena ya presentó denuncias penales ante la FGR.
CDMX — La presidenta Claudia Sheinbaum puso distancia entre el Gobierno federal y la investigación por las presuntas triangulaciones de recursos públicos en Nuevo León. Durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre si habría alguna intervención de la Federación para garantizar la transparencia en las indagatorias contra el gobernador Samuel García y su familia, la mandataria fue categórica al señalar que el Ejecutivo federal carece de facultades para investigar a los gobiernos estatales.
"Las atribuciones del Gobierno Federal sobre los gobiernos estatales en términos de investigación, es decir, no tiene atribución [...] para investigar al gobierno de Nuevo León o a ningún gobierno estatal", respondió Sheinbaum. La presidenta explicó que, cuando se trata del uso de recursos federales, la instancia facultada para indagar es la Auditoría Superior de la Federación. "¿Quién tiene atribución cuando hay uso de recursos federales? La Auditoría Superior de la Federación. Si la Auditoría Superior de la Federación solicita algo a la UIF o alguna información por parte de la Secretaría de Hacienda, se tiene que proporcionar, pero no le corresponde al Gobierno federal la sanción", precisó.
La mandataria federal defendió el marco de autonomía estatal y remitió la responsabilidad de sancionar a las instancias locales. "Ese es el Estado Federal que nosotros tenemos, y afortunadamente lo tenemos porque hay autonomía de los estados. Si son recursos estatales, pues es la propia auditoría del estado de Nuevo León quien debe proceder", afirmó. No obstante, ante la insistencia de los reporteros sobre si la Federación podría coadyuvar en el caso, la presidenta dejó abierta la puerta a una colaboración técnica: "Si solicita información la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto".
Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con la ofensiva política y legal que ha emprendido Morena en los últimos días. La dirigencia estatal y legisladores federales de ese partido, como Alfonso Ramírez Cuéllar, han exigido investigaciones sin encubrimientos y han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, peculado y enriquecimiento ilícito, basándose en los hallazgos de la ASF. Aunque la Federación se escude en la autonomía, la presión política y las denuncias penales mantienen el caso en el centro de la agenda nacional.
El origen del conflicto son las triangulaciones reveladas por la ASF en la Cuenta Pública 2025, que documentaron al menos 728.13 millones de pesos del erario de Nuevo León desviados hacia el despacho del gobernador, Firma Jurídica y Fiscal. El esquema, según el titular de la ASF, Aureliano Hernández, implicó contratos públicos, transferencias entre empresas y movimientos de recursos hacia particulares, con un monto total que Morena eleva a más de 7,200 millones de pesos. A esto se suma el juicio político en el Congreso local y la suspensión de la Suprema Corte que, si bien permite avanzar en el proceso, impide la destitución del mandatario, blindándolo políticamente hasta el final de su sexenio.
Mientras Samuel García se aferra al poder y evita responder de fondo a los señalamientos, la postura de la presidenta deja al descubierto la complejidad del federalismo mexicano frente a la corrupción. La Federación se declara incompetente para investigar, la ASF fiscaliza pero no sanciona, la auditoría local es señalada de inoperancia y la FGR avanza a cuentagotas con las denuncias penales. En Nuevo León, la pregunta ya no es solo si el gobernador será sancionado, sino si el entramado institucional está diseñado para permitir que un mandatario acusado de desviar millones de pesos termine su mandato sin consecuencias.
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