La captura de “El Chapo Isidro” en Guasave es el golpe más reciente en Sinaloa, pero la entidad acumula masacres, bloqueos, miles de asesinatos y una población que busca respuestas sin encontrarlas. La pacificación prometida sigue lejos.

REGIÓN GLOBAL — La captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, en Guasave, es el golpe más reciente de una ofensiva federal que en las últimas semanas ha detenido a líderes de Los Mayos, desmantelado células de Las Fuerzas Especiales Avendaño y asegurado granjas de criptomonedas y laboratorios de metanfetamina. Pero Sinaloa no es solo el escenario de operativos exitosos: es el epicentro de una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que, desde septiembre de 2024, ha dejado miles de asesinatos, masacres como la de La Concordia y Culiacán, y una población que no encuentra respuestas claras de las autoridades.

La guerra comenzó tras el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, un hecho que el expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a un pacto entre el Departamento de Justicia y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde entonces, la entidad se dividió entre los Chapitos y la Mayiza, y la violencia se extendió a Culiacán, Rosario, Guasave, Mocorito y Navolato. La captura de “El Chapo Isidro”, aliado de Los Mayos, no detuvo los bloqueos ni los enfrentamientos: dejó 11 muertos, entre ellos cuatro militares, y cientos de personas resguardadas en supermercados, iglesias y el estadio de béisbol de Guasave.

El gobierno federal ha respondido con una inversión de 900 millones de pesos para un C4 Carretero en el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, con 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas. También ha desplegado fuerzas especiales, detenido a “El Pagador” y a “El Chapo Isidro”, y ha asegurado una granja de criptomonedas en Culiacán utilizada para lavar dinero. Pero la violencia no cesa. Las masacres de La Concordia y Culiacán, el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña y el hallazgo permanente de cuerpos, son prueba de que las detenciones de líderes no han desarticulado las estructuras que cometen los crímenes.

La entidad también es el escenario de una crisis de comunicación institucional. En Guasave, tras la captura de “El Chapo Isidro”, los habitantes buscaron información en Facebook y WhatsApp porque las autoridades no les dijeron si podían salir a trabajar, si las rutas estaban libres o si los números de emergencia funcionaban. Una persona quedó varada con menores de edad en Las Glorias y no sabía si habían retirado los vehículos incendiados. Otra reportó que no lograba comunicarse con los servicios de emergencia. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave suspendió labores, pero ni Coparmex, ni las cámaras de comercio, ni Protección Civil emitieron recomendaciones claras. La “pacificación” anunciada por Omar García Harfuch no llegó a los grupos de WhatsApp donde los guasavenses buscaban respuestas.

La presión de Estados Unidos también marca la agenda en Sinaloa. El Departamento de Justicia acusó en abril a Rubén Rocha Moya y a otros altos funcionarios por presuntos vínculos con el narco. La OFAC sancionó a Mayito Flaco y a la red financiera de Los Mayos. La UIF bloqueó cuentas del exgobernador, aunque el TFJA le permitió cobrar sus pensiones. La DEA celebró la captura de “El R2” en Zapopan y el embajador Ronald Johnson reconoció el intercambio de inteligencia que permitió detener a “El Chapo Isidro”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Mientras las cancillerías intercambian declaraciones y la presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas a Washington de los narcopolíticos, la violencia en Sinaloa sigue cobrando vidas y la población sigue esperando respuestas que no llegan.

Sinaloa es hoy el reflejo más nítido de una tesis incomoda: un narcoestado. Las detenciones de líderes criminales se celebran en conferencias y redes sociales, pero las masacres, los bloqueos, los vehículos incendiados y la incertidumbre de la población no cesan. La guerra entre facciones no es un problema de seguridad pública que se resuelva con más cámaras o más patrullas: es una guerra por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico, en la que el Estado mexicano participa con operativos que golpean a unos líderes mientras otros siguen operando, y en la que la población civil paga el costo más alto. La pacificación de Sinaloa no se logrará con la captura de un capo ni con la inversión de 900 millones de pesos en un C4 Carretero: se logrará cuando las instituciones dejen de ser parte del problema y se conviertan en parte de la solución.

— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —

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Fuente: información acumulada del expediente NARCUS sobre Sinaloa, incluyendo reportes oficiales, testimonios de habitantes y declaraciones de autoridades.
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