La UIF bloqueó las cuentas del juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia a petición de EU. Se le acusa de recibir 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark, socio de una red internacional de cocaína.
REGIÓN GLOBAL — La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó en su lista de personas bloqueadas a Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicano detenido la semana pasada en Colombia a petición de los Estados Unidos, donde está acusado de haber recibido un presunto soborno para dejar en libertad a una persona relacionada con una red internacional de tráfico de cocaína. A través de la emisión del acuerdo número 4141/2026, la UIF determinó procedente incluir a Benítez Alcántara en dicha lista, lo que para efectos prácticos se traduce en la obligación de los integrantes del sistema financiero de congelar las cuentas del juzgador.
Se trata, según el marco jurídico en el que se sustenta esta acción, de una medida administrativa preventiva. Los recursos de Benítez que están en cuentas bancarias u otros instrumentos financieros a su nombre permanecerán inmovilizados hasta que se desahoguen indagatorias que se encuentran en curso. El juez es un funcionario federal del sistema acusatorio desde hace ocho años y durante buena parte de su trayectoria se desempeñó como juez de control en el centro de justicia federal del Reclusorio Preventivo Sur, donde llevó audiencias y juicios de casos de alto impacto como Pegasus, la Estafa Maestra y Emilio Lozoya.
El 5 de noviembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre otras autoridades de este país, dieron a conocer la detención en Colombia del juez Benítez Alcántara, en cumplimiento de una ficha roja internacional girada en su contra derivada de una orden de arresto emitida por un juez estadounidense. Los fiscales americanos acusan a Benítez de haber recibido cerca de **dos millones de dólares** a cambio de liberar en 2025 a Andrew Clark, un ciudadano canadiense socio de Ryan Wedding, este último exatleta olímpico invernal acusado de liderar una de las redes de tráfico de cocaína más grandes internacionalmente.
“Benítez emitió órdenes que facilitaron directamente la liberación de Andrew Clark, de 36 años, un traficante de drogas canadiense y segundo al mando de Ryan James Wedding, de 44 años, un ex snowboarder olímpico de Canadá que lideró una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes, notorias y violentas”, señaló el Departamento de Justicia. Tras darse a conocer la noticia de su captura, el Tribunal de Disciplina Judicial en México confirmó que Benítez era un juzgador federal en activo, aunque tenía **cuatro investigaciones** en curso ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, derivadas de distintas quejas presentadas en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional. Sumado a esos casos, el Tribunal indicó que había iniciado un **quinto expediente** de investigación en contra del juzgador por los presuntos sobornos que recibió según la indagatoria estadounidense, y que habrían impactado su criterio judicial en el caso de Andrew Clark.
El caso de Benítez Alcántara se suma a una línea de corrupción institucional que en las últimas semanas alcanzó al exfiscal general de Chihuahua, César “N”, detenido por presunta traición a la patria al permitir la intervención de extranjeros en el operativo de El Pinal; a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la misma entidad, buscado por la FGR y la Fiscalía estatal; y al exfiscal de Chihuahua vinculado con la CIA. La lista de funcionarios señalados por corrupción o colusión con el crimen organizado crece y coloca al sistema de justicia mexicano en el centro de las críticas de Washington.
La red internacional de cocaína que involucra a Ryan Wedding y Andrew Clark añade un nuevo actor al mapa del narcotráfico documentado en el expediente. Wedding, exatleta olímpico canadiense, es señalado como líder de una organización criminal transnacional que trafica cocaína a gran escala. La liberación de Clark en 2025, facilitada por las órdenes de Benítez, permitió que el socio de Wedding continuara operando. El caso conecta con los decomisos de cocaína en el Pacífico mexicano, en la frontera de Del Rio, Texas, y en la Interestatal 15 en California, y confirma que las redes de narcotráfico operan a través de fronteras con la complicidad de funcionarios corruptos.
La UIF, que en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum detecta irregularidades financieras pero no necesariamente vínculos criminales, actuó en este caso con base en una acusación de Estados Unidos.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
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