La UIF permitió a Rubén Rocha Moya disponer de recursos de tres pensiones del ISSSTE, IMSS y la UAS tras una suspensión del TFJA. Las cuentas del exgobernador de Sinaloa seguían bloqueadas desde mayo por presuntos vínculos con el narco.

REGIÓN GLOBAL — La Unidad de Inteligencia Financiera levantó parcialmente el bloqueo de dos cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para permitirle disponer de los recursos correspondientes a tres pensiones, reportó la Secretaría de Hacienda. La medida fue aplicada el 5 de noviembre luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concediera una suspensión provisional al exfuncionario, cuyas cuentas permanecían inmovilizadas desde mayo pasado, cuando se hicieron públicas acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos contra el entonces gobernador sinaloense.

En un comunicado, Hacienda afirmó que la resolución judicial autoriza el acceso exclusivamente a las ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez. Los recursos corresponden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Universidad Autónoma de Sinaloa. La resolución fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, que determinó que esos ingresos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.

“La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informa que, en el marco de un procedimiento judicial promovido por un exfuncionario del Gobierno de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez”, indicó la dependencia federal. “La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”, añadió.

Sin embargo, Hacienda sostuvo que la determinación no implica el desbloqueo total de las cuentas bancarias de Rocha Moya. “Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, mencionó. El bloqueo de las cuentas se produjo en mayo de 2026, cuando se hicieron públicas las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exgobernador y otros altos funcionarios de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La decisión del TFJA contrasta con la postura de Washington y con las advertencias de la zar antidrogas Sara Carter, quien dijo que Estados Unidos irá tras los funcionarios que colaboren con los cárteles, sin importar su cargo. También con las sanciones de la OFAC que en las últimas semanas alcanzaron a redes financieras de Los Mayos, al Cártel del Noreste y al exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres. Mientras la UIF mantiene restringidos los recursos de Rocha Moya por las acusaciones de narcotráfico, el tribunal federal le permite cobrar sus pensiones, un derecho protegido por la ley mexicana pero que, en el contexto del expediente, puede ser leído como una muestra de la dificultad para castigar a los funcionarios señalados por colusión con el crimen organizado.

El caso de Rocha Moya es uno de los más documentados en el expediente NARCUS de Región Global. El 10 de abril de 2026, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jorge Antonio Cano Félix, yerno del exgobernador, aunque su paradero posterior es desconocido. En septiembre, la OFAC sancionó a Mayito Flaco y a la red financiera de Los Mayos, y el Departamento del Tesoro identificó a Carlos Torres como operador del cártel. La guerra entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa ha dejado más de mil 100 asesinatos, según el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la entidad sigue siendo el epicentro de la violencia y de la presión estadounidense contra las redes políticas que, según Washington, protegieron al cártel.

La liberación parcial de las cuentas de Rocha Moya no resuelve el fondo del caso ni las acusaciones en su contra. La UIF mantiene el bloqueo de los recursos no pensionarios, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha retirado sus señalamientos. Pero la decisión del TFJA sí establece un precedente: los exfuncionarios acusados de vínculos con el narcotráfico pueden recuperar el acceso a sus pensiones si la justicia federal les concede una suspensión.

— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —

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Fuente: comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
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