El Tesoro de Estados Unidos sanciona en Washington a 45 personas y entidades del Prince Group, red de estafas con activos digitales, trabajo forzado y sociedades offshore en el sudeste asiático, y un malasio que defraudó a estadounidenses desde África.
Mexconomy / Región Global — La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a cuatro personas y 41 entidades que sostienen la red empresarial del Prince Group, organización criminal transnacional previamente designada por fraude cibernético, lavado de dinero y trata de personas. La medida añade un objetivo adicional: un ciudadano malasio que operaba una red de estafadores con base en África contra víctimas estadounidenses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la acción como una ofensiva sobre todos los niveles de esas organizaciones, "desde sus líderes hasta las estructuras corporativas y los facilitadores financieros que les permiten operar con impunidad". La operación se ampara en la Orden Ejecutiva 14390 del 6 de marzo de 2026, dedicada a combatir el fraude y los esquemas predatorios contra ciudadanos estadounidenses, y se coordina con el FBI de Nueva York y Honolulu, el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia y la fiscalía federal de Alaska.
El modelo de negocio descrito por el Tesoro combina engaño digital y coerción física. Los actores vinculados al Prince Group generaron miles de millones de dólares mediante estafas de inversión en activos digitales, estafas románticas y otros fraudes en línea, ejecutados en buena parte desde complejos de estafa en el sudeste asiático donde trabajadores víctimas de trata son obligados a defraudar a personas de todo el mundo. Las ganancias se blanquean después a través de una red internacional de compañías fantasma, sociedades holding offshore, facilitadores financieros y transacciones con activos digitales que ocultan el origen de los fondos y los integran al sistema financiero formal. La sanción de este jueves no apunta tanto a los operadores de esos centros como al andamiaje profesional que los mantiene funcionando: administradores corporativos, gestores de entidades extraterritoriales y proveedores de servicios que dan apariencia de actividad comercial legítima.
El núcleo de esa arquitectura aparece en Qiu Yong, miembro del Prince Group que controla múltiples compañías en Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong en nombre de la organización y que fue empleado de una empresa del líder del grupo, Chen Zhi, designado el 14 de octubre de 2025. Qiu posee pasaportes de Camboya, Santa Lucía y Turquía, y es propietario beneficiario de sociedades que controlan una red de firmas hongkonesas dedicadas al préstamo de dinero. Entre ellas figuran Premium Financial Limited y Solar Scape Financial Limited, articuladas mediante las vehículos Sun Speed Holdings y Solar Scape Limited, además de Direct Astute HK Limited. El entramado se extiende a la industria del vino con Glad Vast Limited, Glad Sparkle Limited y Glad Harvest Limited, todas bajo Glad Glory Limited, lo que ilustra el alcance del grupo hacia negocios de apariencia enteramente legal. Qiu es además propietario beneficiario de las compañías de estantería Victory Flora Limited, Win Applause Limited, Celestial Drive Limited y Sino Sagacious Limited. Su asistente personal, Zhao Mengyao, conocida como Amy Zhao, funge como secretaria y codirectora de varias de esas sociedades, y ambos son accionistas de Mighty Divine Trust Hong Kong Limited, dirigida por Zhou Yun, identificado previamente por la OFAC como gestor de patrimonio del líder del grupo.
La rama camboyana replica el patrón. Chen Bo, designado el 23 de junio de 2026, transfirió la propiedad de su mansión en Tokio a su esposa, la nacional camboyana He Yujing, quien también controla Super Light Speed Kh Technology Co., Ltd. El socio Visal Pang dirige once compañías camboyanas, varias de ellas codirigidas con Chen Bo, entre las que se cuentan First Unite International Logistics, Marco Polo Hotel y U-Life Kh Super App; el Reino Unido ya lo había sancionado el 26 de marzo de 2026. Chen Bo mantiene el control de otras once firmas, entre ellas Prince International Airlines Co., Ltd. y CB General Insurance PLC., una combinación que mezcla transporte aéreo, seguros, energía, loterías y bienes raíces. A esa capa se suman Dai An, propietario mayoritario de la singapurense Chen Hua Holdings Pte Ltd y director de Meritwise Group Public Ltd en Mauricio y de Greenmeadows Properties Sdn Bhd en Malasia, y Thet Li, cuyo sello Greenbay Multi Media Pte Ltd es propiedad al 100% de este ejecutivo ya designado en octubre de 2025.
El caso separado del malasio Chui Kok Wa muestra la misma lógica a menor escala. Su red de estafadores, ubicada en Madagascar, explotó tecnologías habilitadas por internet, incluidas criptomonedas y sistemas digitales, para defraudar a numerosos estadounidenses por más de 400.000 dólares equivalentes, ganándose la confianza de víctimas vulnerables para apropiarse de sus fondos en beneficio privado. Su designación se ampara en la Orden Ejecutiva 13694 y sus enmiendas, no en la 13581 que sostiene a los otros 45 objetivos. Las consecuencias son las habituales del régimen sancionador: todos los bienes e intereses en propiedad de los designados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, la regla del 50% alcanza a cualquier entidad controlada de forma directa o indirecta por ellos, y las instituciones financieras quedan expuestas a sanciones si participan en transacciones vinculadas.
El mecanismo descrito aquí —capas de sociedades holding en Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Camboya, Singapur, Mauricio y Malasia, con directores nominales y proveedores de servicios corporativos— explica materialmente el hallazgo de la encuesta del Tesoro sobre tenencias extranjeras, donde las Islas Caimán encabezan el ranking con 3,07 billones de dólares en valores estadounidenses en cartera. Aquel documento ya advertía que ese mapa mide residencia contable y no actividad económica real; el procedimiento con nombres, pasaportes y sociedades. También dialoga con el robo de 6.300 millones de dólares a Binance atribuido al grupo norcoreano TraderTraitor: en ambos casos los activos digitales operan como vehículo de extracción de valor, con un Estado detrás en un episodio y con redes criminales transnacionales en el otro. La diferencia de escala —6.300 millones en un asalto frente a 400.000 dólares en una red de Madagascar— no altera la naturaleza del fenómeno, sino su financiamiento.
Lo que el Tesoro deja ver, más allá de la lista de nombres, es una economía paralela que se sirve de los mismos instrumentos que la economía formal: sociedades en jurisdicciones opacas, seguros, aerolíneas, hoteles, préstamos, fideicomisos y aplicaciones digitales. El Prince Group no operaba desde un solo cascarón corporativo, sino mediante capas de holdings extraterritoriales, entidades extranjeras, directores nominales y proveedores de servicios que mantenían el control sobre los activos mientras ocultaban la titularidad real. Sancionar a los administradores de ese entramado equivale a reconocer que el fraude a escala global no se sostiene por la astucia de un puñado de estafadores, sino por una infraestructura profesional que cobra por hacer parecer legítimo lo que no lo es. Ese es el punto donde la nueva economía global muestra su costura más incómoda: los mismos vehículos que permiten canalizar inversión hacia centros financieros y sostener la demanda de valores del Tesoro son los que absorben miles de millones de dólares sustraídos a víctimas en todo el mundo.
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