🇲🇽 En una decisión que marcará un antes y un después 🕰️ en la arquitectura institucional del país 🏛️, el Senado de la República 🏦 discutió y aprobó la extinción de siete órganos autónomos y reguladores ⚖️ bajo el argumento de “simplificación orgánica” ✂️
InfoStockMx.- Este movimiento, impulsado por el proyecto de reforma presentado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica una docena de artículos constitucionales y redistribuye las funciones de instituciones autónomas hacia dependencias del Ejecutivo Federal. Pero ¿qué implicaciones reales tiene esta decisión? ¿Es una simplificación de la administración pública o se erosiona la democracia y los contrapesos?
¿Austeridad o concentración de poder?
Los organismos afectados por esta reforma son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Estos órganos, creados para garantizar transparencia, regulación de mercados y rendición de cuentas, ahora verán sus funciones absorbidas por secretarías del Ejecutivo, como la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Energía, entre otras.
Los promotores de la reforma, encabezados por el senador Óscar Cantón Zetina, aseguran que se trata de un paso hacia un gobierno austero y eficiente. Según ellos, estos organismos eran símbolos del despilfarro y la opacidad, subordinados a intereses contrarios al pueblo.
Sin embargo, las críticas han sido contundentes: ¿cómo puede garantizarse la independencia en la vigilancia y regulación cuando las mismas dependencias que concentran el poder serán juez y parte?
Funciones diluidas: la amenaza a la transparencia y la competencia
Uno de los puntos más polémicos es la desaparición del INAI, un organismo fundamental para el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Su eliminación deja estas responsabilidades en manos de la Secretaría de la Función Pública, una dependencia que responde directamente al Ejecutivo. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de garantizar transparencia en un contexto donde el gobierno ha demostrado reticencia a ser fiscalizado.
Asimismo, la desaparición de la COFECE y el IFT, instituciones responsables de velar por la competencia económica y la regulación de telecomunicaciones, concentra estas funciones en la Secretaría de Economía. Este movimiento contradice los principios básicos de los mercados abiertos y amenaza con debilitar la supervisión imparcial en sectores estratégicos. La competencia económica en México, ya debilitada, corre el riesgo de convertirse en una simulación.
¿Soberanía energética?
Uno de los argumentos más recurrentes de la administración actual ha sido la “soberanía energética”. Con esta reforma, la regulación de sectores como hidrocarburos y electricidad quedará en manos de la Secretaría de Energía, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este cambio elimina cualquier forma de supervisión independiente sobre estas empresas estatales, dejando el camino libre para posibles ineficiencias, opacidad y corrupción.
La experiencia reciente en el sector energético ha mostrado los riesgos de concentrar el poder regulatorio en organismos que no tienen incentivos para actuar de manera imparcial. La CRE y la CNH, que antes servían como contrapesos, ahora serán absorbidas por un esquema que prioriza una visión estatista y centralista, en detrimento de la inversión privada y la transición energética.
¿Eficiencia o demolición institucional?
Si bien el argumento de la austeridad resulta atractivo para algunos, la concentración de funciones en el Ejecutivo plantea un problema fundamental: la falta de independencia en la supervisión de políticas públicas y la ausencia de contrapesos efectivos. En lugar de corregir las deficiencias de estos organismos, el gobierno optó por desmantelarlos, sacrificando la institucionalidad democrática en nombre de una supuesta eficiencia.
El caso del CONEVAL es paradigmático. Este organismo ha sido fundamental en la medición de la pobreza en México, aportando datos indispensables para diseñar políticas públicas. Ahora, estas funciones recaen en el INEGI, que carece del enfoque evaluativo y crítico que caracterizó al CONEVAL. ¿Quién garantizará que los datos no se utilicen para maquillar la realidad y justificar políticas erráticas?
Cambio irreversible
El desmantelamiento de estos órganos autónomos no solo compromete la transparencia y la competitividad económica del país, sino que también envía una señal preocupante a nivel internacional. México está apostando por un modelo centralizado y estatista que contradice las tendencias globales de gobernanza basada en la colaboración, la independencia y la rendición de cuentas.
¿Es este el camino que llevará a México a mejorar? Los antecedentes históricos muestran que la concentración de poder sin contrapesos suele derivar en abusos y retrocesos. La eliminación de estos organismos no es un simple ajuste administrativo, sino un golpe a la democracia funcional del país. Y mientras el discurso oficial insiste en culpar al pasado "neoliberal", los problemas estructurales del presente y las exigencias del futuro quedan relegados.
Si México desea ser competitivo en un mundo globalizado, necesita fortalecer sus instituciones, no desmantelarlas. La pregunta es si las generaciones futuras perdonarán este retroceso. Por ahora, el país parece caminar hacia un modelo en el que el poder se concentra a costa de la transparencia, la independencia, la competitividad y la democracia por ser parte del “periodo neoliberal”.
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