La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este jueves la lista de 955 candidaturas que el Senado le presentó para la conformación del Poder Judicial, desatando un nuevo enfrentamiento entre ambos poderes.
CDMX (InfostockMx) - La decisión, tomada en sesión privada, dejó fuera a múltiples aspirantes de alto perfil y abrió un debate sobre la independencia judicial en México.
Para que la lista enviada por el Senado fuera avalada, se requería una mayoría calificada de al menos ocho votos dentro del Pleno de la Corte. Sin embargo, al no alcanzarse dicha mayoría, la SCJN decidió no enviar candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que, en la práctica, significa que el Poder Judicial no tendrá aspirantes propios en la elección de junio.
El proceso de selección de candidatos ha estado marcado por irregularidades. Inicialmente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal (PJF) era el encargado de analizar la idoneidad de los aspirantes, pero su renuncia ante órdenes contradictorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y jueces de amparo dejó el camino abierto para que el Senado realizara una insaculación sin filtro previo.
Según fuentes judiciales, la Corte consideró que aprobar en bloque la lista enviada por el Senado sin un proceso de evaluación adecuado ponía en riesgo la independencia y calidad de la selección. La ausencia de dos ministros en la sesión –Javier Láynez y Margarita Ríos Farjat– también influyó en la imposibilidad de alcanzar la mayoría requerida.
La decisión de la SCJN dejó fuera a aspirantes con amplia trayectoria en el ámbito judicial y administrativo. Entre los nombres más relevantes que quedaron sin posibilidad de competir destacan:
- Marisela Morales, ex Procuradora General de la República.
- Rosa Elena González Tirado, ex consejera de la Judicatura Federal.
- Sergio Molina, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
- Paula García Villegas, magistrada e hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero.
- Zulema Mosri, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Ricardo Sodi Cuéllar, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
- Edgar Corzo Sosa, académico de la UNAM.
Además, varios magistrados con experiencia en tribunales disciplinarios y electorales también quedaron fuera de la contienda, entre ellos Gabriela Villafuerte Coello, Enrique Figueroa Ávila y la ex consejera del INE Adriana Favela.
La reacción del Senado no se hizo esperar. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, acusó a la Suprema Corte de actuar con "mezquindad e irresponsabilidad", y aseguró que su decisión no tendrá efectos prácticos en la selección de candidatos.
"El actuar de la Corte carece de toda seriedad y es profundamente faccioso. Lo que haga o deje de hacer es irrelevante en la elección de las personas juzgadoras", sentenció el legislador.
Noroña insistió en que el proceso llevado a cabo en el Senado fue legítimo, ya que los aspirantes sorteados habían sido previamente evaluados y procesados conforme a los lineamientos establecidos.
"Ellos mismos procesaron a estos candidatos, no pueden rechazar lo que ya habían validado. Lo único que hicimos fue insacular en los casos que correspondía", afirmó el senador.
Además, aseguró que el TEPJF ya había previsto que la SCJN podría rechazar la lista, por lo que dejó una vía legal para que el Senado envíe directamente las candidaturas al INE, evitando así la intervención de la Corte.
Más allá del choque entre instituciones, el episodio deja al descubierto, nuevamente, una lucha por el control del Poder Judicial en un contexto de creciente tensión entre la SCJN y el gobierno de la Cuarta Transformación.
Desde el inicio del sexenio, el oficialismo ha señalado a la Corte como un obstáculo para sus reformas y ha impulsado iniciativas para modificar su integración y funcionamiento. La falta de consenso sobre el método de selección de jueces y magistrados refuerza la percepción de que el Poder Judicial está en la mira del Ejecutivo y el Legislativo, que buscan mayor injerencia en su composición.
El hecho de que la SCJN se negara a avalar las candidaturas del Senado y que este, a su vez, insista en remitirlas al INE, abre un escenario de pugna inédito en la historia judicial de México. La disputa podría derivar en una nueva crisis institucional, con la legitimidad del proceso electoral en entredicho.
El diferendo entre la Corte y el Senado está lejos de resolverse. La Corte ha cerrado filas en defensa de su autonomía, mientras que el Senado busca imponerse mediante estrategias legislativas y políticas.
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