“Cuando los gobernantes traicionan su deber, la ciudadanía tiene el derecho de resistir y buscar una autoridad legítima que garantice sus derechos."John Locke (1632-1704) – filósofo, político y jurista
El "empresario" José Chedraui Budib, metido a alcalde como una franquicia de poder, ha alcanzado niveles peligrosamente intolerables para la gobernabilidad de Puebla.
La imposición de cuotas de detenciones arbitrarias ciudadanas, el cobro ilegal de patrullas a los propios policías y la negligencia criminal que resultó en el asesinato de dos elementos de seguridad, visto con seriedad, evidencian un colapso institucional en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla. Ante este escenario desbordado de ilegalidad y descomposición, el gobernador Alejandro Armenta Mier no sólo puede, sino que debe intervenir de manera inmediata y sin dilaciones.
El marco legal mexicano y poblano es claro: los servidores públicos que incurren en detenciones ilegales, peculado, abuso de autoridad y omisión de auxilio pueden y deben ser sancionados. No va a ocurrir por la usanza política que solapa a los políticos y hasta los enaltecen en discursos melosos, pero el gobierno municipal de Chedraui ha demostrado que no tiene la voluntad ni la capacidad para frenar esta crisis. Mientras los policías denuncian condiciones indignas y corrupción institucionalizada, el alcalde ha optado por mensajes erráticos y superficiales, dejando en el abandono a su propia fuerza de seguridad bajo la promesa de no "consecuencias".
Pero lo denunciado y los motivos de las protestas policiales no tratan únicamente de una cuestión administrativa; es un problema de gobernabilidad y Estado de derecho. La Constitución del Estado de Puebla otorga al gobernador facultades para intervenir en situaciones de ingobernabilidad y este caso, donde los derechos humanos de la propia policía están siendo violentados sistemáticamente, exige una acción inmediata.
Alejandro Armenta, con su amplia experiencia sabe que el gobernador tiene la obligación constitucional y moral de actuar. La propia Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla establece en su artículo 4 que la seguridad es una función indelegable del Estado y que la coordinación entre órdenes de gobierno es obligatoria en situaciones críticas. El "gobierno" de Chedraui Budib ha convertido la SSC en un foco de corrupción y más, lo que justifica plenamente la intervención estatal.
Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, no lo quiso expresar abiertamente pero sabe que la propia Constitución del Estado de Puebla establece en su artículo 77 fracción XXIII que el gobernador puede asumir el control de los cuerpos de seguridad municipal cuando su desempeño comprometa la seguridad de la ciudadanía. Este es, sin duda, el caso: la policía municipal no sólo no puede proteger a los ciudadanos, sino que ha sido convertida en un instrumento de abuso y corrupción. Por ello Aguilar Pala ha sugerido un "mando militar".
No es para menos. La situación ha llegado a un punto crítico: la desmoralización de la policía, la falta de prestaciones, la corrupción estructural y la presión sobre los elementos que se atreven a denunciar los abusos han creado una bomba de tiempo en la seguridad de la capital del estado. Mientras más se postergue la intervención del gobierno estatal, más se debilitará la confianza en la institución encargada de la seguridad.
No dude que Alejandro Armenta intervenga en las próximas horas como jefe del Ejecutivo estatal y tome cartas en el asunto antes de que la crisis se traduzca en otra cosa como una ruptura del orden público si la protesta policial se extiende. El gobernador Armenta Mier, de enorme experiencia política, sabe que ya no basta con declaraciones ambiguas ni con medidas tibias: la intervención debe ser contundente, legal y estructural.
Puebla no puede permitirse un gobierno municipal pasivo ante una crisis de tal magnitud. José Chedraui Budib ha demostrado que no está a la altura del reto y, ante su (llamémosle) inacción, el gobernador Alejandro Armenta, de una manera política y cuidadosa, pero va a asumir el control de la SSC municipal, restaurar la legalidad y acabar con la red de corrupción que ha puesto en peligro a la ciudadanía.
Armenta, un gallo muy jugado, sabe que la historia no perdonará la indiferencia y que es momento de actuar.
0 Comentarios