El 1 de junio, México vivirá un proceso electoral sin precedentes: la elección de 881 jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la falta de información y la apatía ciudadana amenazan con convertirlo en un ejercicio deslucido.
InfoStockMx - Con una participación proyectada entre el 8% y el 20%, la primera elección del Poder Judicial podría ser la menos concurrida en la historia electoral del país. El Instituto Nacional Electoral (INE) apuesta por vencer la apatía, pero enfrenta un reto complejo.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, ha proyectado una asistencia de hasta el 20% de la Lista Nominal de Electores, aunque expertos consideran que el desconocimiento del proceso y sus implicaciones desalentarán el voto.
Una encuesta de El Financiero reveló que el 46% de los ciudadanos desconoce la existencia de estos comicios y el 62% no sabe que se celebrarán el primer domingo de junio.
Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero del IFE y director de Integralia, el sistema electoral no está diseñado para elegir jueces. “Es como jugar ajedrez con un tablero de damas chinas”, advirtió. La excesiva cantidad de cargos y la falta de información generan un riesgo de voto desinformado.
La profesora Karolina Monika Gilas, de la UNAM, considera que elegir juzgadores en urnas es una “terrible idea”. Sin campañas ni difusión suficiente, la ciudadanía votará sin conocer a los aspirantes ni sus funciones.
El INE ha desarrollado la plataforma “Conoce, Practica y Ubica (CPU)”, que permitirá a los ciudadanos ensayar su voto. A través de un QR o ingresando su sección electoral, podrán visualizar las boletas, conocer candidatos y registrar su selección en un papel para llevarlo a la casilla.
El proceso electoral se llevará a cabo con 7,019 millones de pesos, menos de los 13,205 millones solicitados por el INE. Además, se instalarán 84,200 casillas, una reducción significativa respecto a las 172,000 de 2024.
El tiempo estimado para que cada ciudadano vote será de nueve minutos, según simulacros del INE, aunque el uso de una urna única podría generar retrasos.
Los candidatos solo podrán usar recursos personales, sin acceso a financiamiento público o privado. No pueden hacer campañas masivas, contratar publicidad ni recibir apoyo de partidos políticos.
La consejera Rita Bell advierte que infracciones podrían costar registros o la validez de elecciones. “Si hay coacción del voto, debe denunciarse”, enfatizó.
Para Ugalde, la raíz del problema es la improvisación: “Se organizó rápido y sobre las rodillas”. Sin planeación adecuada, la calidad y certeza del proceso son bajas, lo que podría derivar en una elección con poca legitimidad.
El 1 de junio, México decidirá el futuro de su Poder Judicial. Pero con una ciudadanía desinformada y desinteresada, ¿realmente estará en manos del pueblo o de quienes logren movilizar el voto?
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