Con mayoría oficialista, el Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. El documento proyecta una continuidad maquillada del modelo iniciado en 2018, con un discurso que prioriza las causas sociales de la violencia pero refuerza la militarización sin contrapesos civiles eficaces.
CDMX - Con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Senado de la República avaló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, una hoja de ruta que, en teoría, guiará al Gobierno de México en su objetivo de garantizar seguridad y paz social. Aunque el documento contempla el fortalecimiento institucional y el uso de tecnología para combatir la criminalidad, las voces opositoras y críticas dentro del propio Senado advierten que el plan es insuficiente y altamente centralizado.
La sesión estuvo precedida por la comparecencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ante comisiones. Con ello, según el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se cumplió el procedimiento constitucional. El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal y está construido en torno a cuatro ejes clave: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación fortalecidas y coordinación absoluta entre niveles de gobierno.
Estos pilares, según sus promotores, permitirán reducir la incidencia delictiva y desarticular estructuras criminales mediante una mayor coordinación y cercanía comunitaria. Además, el uso intensivo de tecnologías se plantea como solución para anticipar conductas delictivas, en especial las vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, el énfasis tecnológico y el enfoque preventivo conviven con un discurso que perpetúa la centralización del poder en cuerpos militarizados y dependientes del Ejecutivo.
La estrategia repite un argumento que ha sido constante desde 2018: la paz solo es posible si se atacan las causas profundas de la violencia. Recuperación del espacio público, educación y empleo digno forman parte del arsenal discursivo que, en la práctica, ha sido escasamente sustentado en resultados verificables. En este contexto, se apela a una transformación del paradigma de seguridad pública que ya fue presentado hace seis años como ruptura, pero que ahora se muestra como reformulación.
Durante la discusión, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, habló de nuevos esquemas de actuación y llamó a la participación ciudadana. Desde Morena, Luis Fernando Salazar defendió el plan como parte de la transformación, mientras Francisco Ramírez Acuña, del PAN, lo calificó como “un rosario de buenas intenciones” que carece de acciones concretas. A pesar de ello, su bancada votó a favor con la esperanza de que las fuerzas de seguridad reciban las herramientas necesarias.
Más crítico fue Miguel Ángel Riquelme, del PRI, quien señaló que la violencia ya desbordó al Estado y acusó que el plan repite errores del pasado, con una novedad peligrosa: una militarización sin controles ni contrapesos. Por su parte, Luis Armando Melgar, del PVEM, celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum haya abandonado la estrategia de “abrazos y no balazos”, aunque su afirmación contrasta con el contenido que prioriza la atención a causas sociales. Desde el PT, Alberto Anaya insistió en dar salida social a los jóvenes, mientras Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, reconoció avances metodológicos pero criticó la omisión de problemas urgentes como las desapariciones o el deterioro de las policías locales.
Más allá del discurso oficial y las adhesiones parlamentarias, la estrategia enfrenta un entorno nacional donde la criminalidad organizada ha perfeccionado su control territorial, económico y social. El documento puede tener objetivos definidos, pero su implementación real depende de una coordinación institucional que hasta ahora ha sido más discursiva que operativa. La paz prometida continúa siendo una meta distante, cada vez más politizada.
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