En un contexto donde civiles enfrentan diariamente la violencia y la impunidad, el Senado mexicano aprobó una profunda reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, bajo el argumento de modernizar el control estatal. Sin embargo, la medida plantea dudas sobre su efectividad real frente a un Estado rebasado por el crimen organizado.
CDMX- En medio de un México donde la inseguridad se ha normalizado y los ciudadanos sufren una creciente indefensión, las comisiones unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos Primera avalaron un dictamen que actualiza más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El proyecto, aprobado con 24 votos a favor, fue presentado en septiembre de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera, la reforma responde a “exigencias contemporáneas” en materia de seguridad nacional y control constitucional. Sin embargo, la modificación plantea inquietudes profundas: ¿puede el fortalecimiento legal suplir la ausencia de un Estado eficaz en regiones dominadas por el crimen?
La reforma gira en torno a seis ejes principales: consolidar el carácter de orden público de la ley; extender su observancia en todo el país; fortalecer el control estatal sobre armas, explosivos y pirotecnia; tipificar armamento moderno, como armas impresas en 3D; precisar condiciones de posesión y portación; y reorganizar facultades de autoridades federales y locales. Además, prevé campañas permanentes de desarme, una estrategia que, en el pasado, ha mostrado resultados limitados en territorios controlados por la delincuencia.
Desde Morena, Simey Olvera Bautista y Blanca Judith Díaz Delgado celebraron la iniciativa, subrayando su alineación con el Plan Nacional de Seguridad. Del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez defendió la actualización como una medida para “proteger la seguridad ciudadana”, mientras que el priista Rolando Rodrigo Zapata Bello reconoció que la falta de seguridad debe ser la prioridad nacional.
Pero en un país donde el acceso a la justicia es limitado, el Estado parece apostar más a reforzar la regulación que a garantizar el derecho efectivo de los civiles a protegerse. El nuevo marco legal endurece los controles, pero poco dice sobre cómo equilibrará la prohibición formal con la necesidad real de seguridad, principalmente en comunidades abandonadas por las autoridades.
La paradoja es evidente: mientras los criminales gozan de impunidad y poder de fuego ilimitado, los ciudadanos verán más obstáculos para ejercer su legítimo derecho a la defensa. Actualizar la ley sin fortalecer el Estado de derecho puede terminar siendo, otra vez, letra muerta en un México sitiado por el crimen y la violencia.
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