Bajo el pretexto de abrir un "diálogo abierto", el Senado mexicano, dominado por Morena, pospuso la aprobación exprés de una ley que busca centralizar el control de telecomunicaciones y censurar plataformas digitales, en abierta violación a principios democráticos y tratados internacionales.
CDMX - Por instrucción del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, se anunció la apertura de un supuesto "proceso de diálogo abierto, plural y constructivo" sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida ampliamente como #LeyCensura.
La decisión llega tras una avalancha de críticas, después de que el dictamen, enviado por el Ejecutivo federal, fuera aprobado en "fast track" en comisiones con menos de 24 horas de análisis, sin permitir un debate serio, como denunciaron las bancadas opositoras.
El Senado removió discretamente el proyecto de ley del orden del día previsto para el lunes 28 de abril. Aunque el comunicado oficial enmarca esta acción como un "acto de responsabilidad democrática", el trasfondo revela un intento evidente de contener el descontento social y evitar una nueva crisis política ante la opinión pública nacional e internacional.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum intervino el viernes, solicitando públicamente que el dictamen fuera trasladado a un periodo extraordinario de sesiones, una maniobra que confirma la presión interna tras la polémica generada.
La "Ley Censura" pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —un órgano autónomo— para transferir todas sus facultades a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida directamente desde el Ejecutivo federal por José Merino.
La concentración de poder no se limita a concesiones o regulaciones técnicas: el proyecto incluye facultades para bloquear plataformas digitales de manera temporal, sin mediación judicial, mediante disposiciones que la propia Agencia crearía, interpretaría y ejecutaría a discreción. Esto representa una amenaza directa al derecho a la información y a la libertad de expresión en México.
Además, el artículo 109 permite el cierre de servicios digitales bajo criterios ambiguos, sin control independiente ni mecanismos claros de defensa para los afectados, consolidando un poder autoritario sobre el ecosistema digital.
Opositores como el PAN advirtieron que la ley viola el T-MEC, ya que el tratado exige que los países mantengan una autoridad reguladora autónoma en telecomunicaciones, condición que la nueva Agencia estatal no cumpliría, colocando a México en potencial incumplimiento internacional con graves consecuencias económicas.
Lejos de ser una medida "para garantizar el acceso equitativo" a las tecnologías de información, como proclaman los comunicados oficiales, la #LeyCensura revela el verdadero objetivo: establecer un mecanismo de control digital bajo el aparato del Estado, eliminando contrapesos técnicos e independientes que garanticen la pluralidad y la libre competencia en el sector.
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