Bajo el lema “Proteger la innovación es impulsar el futuro”, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un Encuentro Empresarial en el que participó la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho, reafirmando el compromiso del empresariado con la protección de la propiedad industrial como motor de talento, creatividad y legalidad.
Ciudad de México / Puebla — La jornada, encabezada por el director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, fue presentada como parte de una estrategia nacional contra la piratería y el contrabando. Sin embargo, fuera de la narrativa institucional, actores logísticos y analistas del comercio exterior advierten que el gobierno sigue eludiendo la raíz del problema: los recintos fiscales de las aduanas, donde durante años han operado esquemas de cobro opaco y permisividad a prácticas ilegales.
“Hay un proceso de revisión y sanción a las agencias aduanales que están importando este tipo de productos”, dijo Nieto Castillo. Pero esta línea de acción, según especialistas, enfoca el problema en los intermediarios equivocados. Las agencias aduanales no controlan los puntos de ingreso físico de mercancías; los responsables directos son las autoridades en los recintos fiscales, operados en muchos casos por concesionarios privados con escasa supervisión efectiva.
Desde COPARMEX Puebla, el mensaje fue claro: fortalecer la propiedad industrial es una tarea de todos, pero requiere condiciones institucionales coherentes. “Proteger la innovación es impulsar el futuro”, expresó Beatriz Camacho, en representación del empresariado poblano. Su participación buscó poner en el centro la legalidad como base del desarrollo productivo. Sin embargo, el marco real en el que se mueve la industria nacional —sobrecostos logísticos, corrupción en aduanas, discrecionalidad en la liberación de mercancías— aún permanece intocado.
Mientras tanto, el IMPI reportó esta semana el decomiso de 9,244 productos ilegales por un valor de 647 mil pesos. Una cifra ínfima si se contrasta con el volumen estimado del contrabando nacional, que rebasa los 600 mil millones de pesos anuales, según datos del sector privado. Cuatro operativos no bastan para contener una economía paralela que opera, muchas veces, con la anuencia del propio sistema aduanal.
En puertos clave como Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, así como en aduanas interiores como Pantaco, se han documentado irregularidades sistemáticas. Desde cobros “extraoficiales” por contenedor hasta colusión entre operadores logísticos y autoridades para facilitar el ingreso de mercancía subvaluada o pirata.
“Los verdaderos puntos ciegos no están en las agencias, sino en los recintos. Ahí es donde se paga por pasar, donde el sistema se descompone”, afirma un exfuncionario del SAT consultado por este medio. Y sin una reforma profunda a ese nivel, toda campaña contra el contrabando será más narrativa que solución.
Desde la óptica empresarial, la propiedad industrial es un activo estratégico. Así lo entiende COPARMEX Puebla, que respalda los acuerdos internacionales y los tratados comerciales como el T-MEC, en los que la protección de marcas, patentes y diseños industriales es clave para mantener la competitividad. Pero también exige que el Estado garantice un entorno limpio, donde la legalidad no se vuelva letra muerta al cruzar una aduana.
“El mensaje institucional es positivo, pero debe traducirse en acciones integrales. No solo en decomisos simbólicos o discursos públicos. Hace falta una revisión profunda del sistema logístico y aduanero”, concluye un empresario del sector textil poblano, uno de los más golpeados por el contrabando de ropa y calzado falsificado.
Proteger la innovación requiere más que voluntad política: exige instituciones sólidas, reglas transparentes y una reestructuración de fondo en los puntos donde la legalidad se negocia. Mientras eso no ocurra, la piratería no será solo un problema de propiedad industrial, sino un síntoma de un Estado que aún no logra controlar sus propias puertas de entrada.
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