El ex priista Sergio Salomón Céspedes, nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM), realizó una visita oficial a la frontera sur de México, como parte de una gira que incluyó reuniones de seguridad, supervisión de estaciones migratorias y la recepción de vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos.

Tapachula, Chis.- Las imágenes difundidas y el tono de sus mensajes en redes sociales retratan un país que, supuestamente, “recibe con los brazos abiertos” a sus connacionales. Pero más allá de la retórica humanitaria, los hechos contrastan con años de abandono estructural, criminalización de la migración y políticas subordinadas a intereses ajenos.

El nuevo comisionado del INM acudió a la Mesa Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en Tapachula. Recorrió también la estación migratoria Siglo 21, uno de los centros de detención más grandes de América Latina, que ha sido denunciado en múltiples ocasiones por sus condiciones inhumanas. La visita incluyó pasos fronterizos como los puentes Talismán y Rodolfo Robles, así como las márgenes del río Suchiate, donde observó el paso irregular de personas. Ninguna de estas paradas fue acompañada de anuncios concretos sobre mejora de condiciones, ni mucho menos de una política migratoria que trascienda la contención.

En Tapachula, Céspedes presenció la llegada de un vuelo con personas repatriadas desde Estados Unidos, como parte del programa “México te Abraza”. “La patria les agradece sus esfuerzos y les reconoce su labor”, escribió el funcionario en su cuenta de X. Pero las palabras no bastan para revertir lo que ha sido, en la práctica, una dinámica de persecución, detención y desarraigo. En años recientes, el trato hacia las personas migrantes —incluidos mexicanos retornados— ha estado marcado por redadas, hacinamiento y políticas diseñadas para satisfacer las presiones de Washington, no para proteger derechos.

El actual responsable del INM, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, parece replicar el guión de su antecesor. Las declaraciones de bienvenida se contraponen a la falta de acciones para crear condiciones dignas de empleo y vida en México, que harían innecesaria la migración forzada. A quienes regresan tras años de trabajo en el extranjero, se les ofrece un discurso cálido y una mano al hombro, pero no un verdadero programa de reintegración ni acceso garantizado a derechos laborales, salud o vivienda.

El “reconocimiento” institucional es, por ahora, una formalidad hueca. No hay en el mensaje de Céspedes ni una sola mención a cómo evitar que esas personas tengan que volver a irse. No hay una autocrítica sobre el papel del INM en las violaciones documentadas por organismos nacionales e internacionales. Y sobre todo, no hay una propuesta seria para convertir a México en un país donde vivir no sea, en sí mismo, una condena a la precariedad.

Si el nuevo comisionado quiere tomarse en serio su papel, debe comenzar por reconocer las heridas que deja el aparato migratorio mexicano. Sobar el lomo no basta: hace falta justicia, reparación y una política pública pensada desde el sur, no desde la frontera norte ni desde el cálculo político que le es propio.