La escena es inusual pero reveladora: diecisiete miembros de la familia de Ovidio Guzmán, incluyendo a su madre Griselda López Pérez, cruzaron voluntariamente un puente fronterizo hacia territorio estadounidense. Al otro lado los esperaban autoridades del FBI. La entrega no fue una sorpresa para el gobierno de México. Tampoco, al parecer, fue motivo de alarma.
Washington / Ciudad de México. - “La familia que se fue no era objetivo ni eran buscados por autoridades mexicanas”, aclaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La frase no alcanzó a ocultar la magnitud del movimiento: una familia completa del cártel de Sinaloa cruzando legalmente la frontera en medio de un acuerdo judicial sin precedentes visibles.
“Ovidio comienza una negociación con el Departamento de Justicia de EU y es evidente que al estar su familia yéndose a Estados Unidos pues es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da”, apuntó Harfuch.
El funcionario, quien encabezó la Policía capitalina durante el sexenio de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, confirmó además que la captura de Ovidio Guzmán fue realizada íntegramente por fuerzas mexicanas antes de su extradición. Sin embargo, es el gobierno estadounidense quien hoy dicta el ritmo del proceso judicial que lo rodea.
Entre los 17 familiares que cruzaron a EU se encuentra, además de su madre, una hija del ‘Chapo’, varios sobrinos, un nieto de nombre Archivaldo y un yerno. Todos ellos han recibido –según reportes– algún tipo de garantía de residencia permanente. El hecho coincide con el inminente acuerdo de culpabilidad que Ovidio Guzmán presentará en julio próximo ante una corte en Chicago, Illinois.
El hijo del capo fundador del Cártel de Sinaloa enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, portación de armas y posesión de drogas. A cambio de declararse culpable, se especula que ha obtenido no solo reducciones de sentencia sino condiciones favorables para su familia, potencialmente inmunes a una futura extradición o enjuiciamiento.
El gobierno mexicano ha optado por no interferir. La declaración de Harfuch, quien dejó claro que los familiares no eran perseguidos en México, plantea una pregunta toral: ¿cuál es el papel del Estado mexicano en este acuerdo que involucra figuras de alto perfil del narcotráfico?
Lo que emerge es un nuevo patrón en la política antidrogas: la justicia negociada con incentivos familiares, operada desde Washington y aceptada por México sin discusión pública, sin cuestionamientos políticos. Y con la frontera norte como línea de transformación: de fugitivos a residentes legales.
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