El 4 de mayo de 2025, en un operativo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, una mujer fue detenida discretamente. Su nombre, María del Rosario Navarro Sánchez, hasta ahora desconocido fuera de los circuitos del crimen organizado, pero ya figura en la historia legal de ambos países: es la primera ciudadana mexicana formalmente acusada en Estados Unidos de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Texas / Ciudad de México. - El caso no solo representa una innovación jurídica. Marca un parteaguas en la forma en que Washington combate a los cárteles mexicanos: al equipararlos legalmente con grupos como Al-Qaeda o ISIS, el gobierno de Estados Unidos introduce una nueva lógica bélica en la frontera norte. El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como el receptor del apoyo brindado por Navarro Sánchez, fue oficialmente designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE) el pasado 20 de febrero de 2025. A partir de entonces, las reglas del juego cambiaron.
Conocida por los alias “Fernanda” y “Chayo”, Navarro Sánchez, de 39 años, es acusada de haber sido pieza logística clave en las operaciones transfronterizas del CJNG. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas, la acusada conspiró para entregar granadas de uso militar al cártel, facilitó el tráfico de armas, personas, dinero en efectivo y drogas, y coordinó operativos de contrabando binacional.
“Este es un paso histórico en el uso de nuestras herramientas legales para frenar a organizaciones criminales transnacionales como el CJNG”, declaró Margaret Leachman, fiscal federal interina en Texas. El tono no deja lugar a dudas: la acusación no es solo judicial; es geopolítica.
La inclusión del CJNG como OTE responde a una escalada de violencia sin precedentes. Según el Departamento de Estado, el cártel ha empleado drones con explosivos, lanzado ataques armados contra fuerzas del orden y expandido su influencia a más de una docena de países. Es también uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, sustancia vinculada a más de 100,000 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos.
La figura penal utilizada en este caso —brindar apoyo material a una organización terrorista— habilita una serie de herramientas excepcionales: desde operativos extraterritoriales hasta juicios sin posibilidad de fianza y sentencias de cadena perpetua. En términos legales, la guerra contra el narco ha entrado en fase antiterrorista.
La detención y acusación de Navarro Sánchez no fueron accidentales. Forman parte de la iniciativa “Recuperemos América”, impulsada por el Departamento de Justicia para desarticular redes criminales transnacionales. En ella participan agencias como la DEA, el FBI, el ICE/HSI, el ATF y la Patrulla Fronteriza, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA). La colaboración mexicana fue decisiva, aunque se mantuvo bajo perfil.
Junto con Navarro Sánchez, fueron señalados dos coacusados: Luis Carlos Dávalos López y Gustavo Castro Medina, ambos también mexicanos, vinculados al tráfico de personas, armas y narcóticos. Sin embargo, es Navarro Sánchez quien enfrenta el cargo más grave, por su presunto vínculo directo con el aparato bélico del CJNG.
“Las masacres causadas por estos cárteles no conoce fronteras”, dijo Bennie Mims, agente especial del ATF. La frase sintetiza una nueva visión: los cárteles mexicanos ya no son vistos como amenazas criminales, sino como actores terroristas que amenazan la seguridad nacional estadounidense.
La acusación a Navarro Sánchez es solo el primer caso formal. Detrás de ella, hay docenas de investigaciones abiertas, listas para ser activadas una vez que se establezca jurisprudencia. La señal es clara: colaborar con el CJNG o el Cártel de Sinaloa puede implicar, en adelante, cargos federales por terrorismo, incluso para ciudadanos mexicanos en territorio nacional.
Este caso abre la puerta a una forma de intervención indirecta en México. La designación de organizaciones como el CJNG como OTE permite a Estados Unidos operar militar, legal y financieramente contra sus miembros dondequiera que estén. Si México coopera, como lo hizo en este caso, las detenciones seguirán. Si se resiste, podría enfrentar sanciones diplomáticas y restricciones bilaterales.
En última instancia, la detención de Navarro Sánchez no es un final, sino un inicio. El umbral que separaba crimen organizado de terrorismo ha sido traspasado. Y con él, la frontera dejó de ser una línea jurídica: se convirtió en teatro binacional de guerra legal.
0 Comentarios