El 13 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos dio un paso inédito en su estrategia contra el narcotráfico: acusó formalmente por narcoterrorismo a dos líderes del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia señaló a Pedro Inzunza Noriega, alias "Sagitario", y a su hijo Pedro Inzunza Coronel, como operadores centrales de una red transnacional que traficó fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense.
InfoStockMx - La acusación marcó una ruptura jurídica de fondo: por primera vez, Washington inserta al narcotráfico mexicano en la lógica del terrorismo internacional, una categoría que no solo aumenta las penas, sino que abre la puerta a herramientas legales, financieras y diplomáticas antes reservadas a enemigos del calibre de ISIS o Al Qaeda.
Pero esa no fue la única señal. En paralelo, se confirmó días antes una medida discreta, pero con implicaciones explosivas: el retiro del visado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La acción, confirmada por fuentes diplomáticas, no incluyó acusaciones públicas ni requerimientos judiciales. Simplemente, su visa fue revocada. Y con ello, un mensaje entre líneas: Washington investiga al poder político mexicano.
De manera extraoficial, analistas de seguridad y agencias especializadas han comenzado a hablar de una lista no oficial que incluiría a otros funcionarios mexicanos. Entre los nombres que se mencionan están Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Adán Augusto López (exsecretario de Gobernación), Clara Luz Flores (titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad) y Miguel Ángel Navarro (Nayarit).
Hasta ahora, ningún otro caso ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, las advertencias de altos funcionarios norteamericanos han sido contundentes: “No nos detendremos ante actos de corrupción que hayan afectado intereses de seguridad o financieros de Estados Unidos, independientemente del rango político de quien los haya cometido.”
En círculos de inteligencia se interpreta este giro como el inicio de una operación sistemática de presión estratégica: sanciones migratorias, juicios penales y coordinación entre agencias para detectar redes de colusión entre estructuras del narco y actores políticos en México. El Departamento de Justicia, la DEA, el Departamento del Tesoro y la comunidad de inteligencia estarían ya desplegados en un esfuerzo concertado.
“Esto se cuece lento”, advierte un especialista en crimen transnacional consultado por Región Global. “No es una operación de escándalo inmediato, sino de construcción paciente: cortar el financiamiento, aislar políticamente, generar presión legal y diplomática hasta desmantelar redes de protección. Washington aprendió de los errores del caso García Luna. No buscan una gran captura mediática, sino una reconfiguración de fondo”.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con cautela: rechazó tajantemente que la acusación de narcoterrorismo sea utilizada como pretexto para una intervención extranjera, pero reiteró que hay colaboración activa con el gobierno estadounidense en extradiciones, congelamiento de cuentas y combate al lavado de dinero. “Lo que hemos puesto sobre la mesa son reglas claras en la relación bilateral: respeto mutuo, soberanía y cooperación técnica”, dijo desde Palacio Nacional.
La pregunta es si ese marco será suficiente. Desde Washington, algunos sectores presionan para ir más lejos. En el Capitolio, varios legisladores republicanos promueven acciones tras la designación formal de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Y si eso ocurre, las consecuencias para México podrían ser profundas: desde sanciones financieras hasta operaciones extraterritoriales encubiertas.
Más allá de los nombres, no se trata de rumores. Las señales son claras. Estados Unidos ha activado una estrategia de presión silenciosa, que mezcla acusaciones penales, medidas diplomáticas y mecanismos de inteligencia. Si hay algo que ha cambiado, es que Washington ya no distingue entre criminalidad organizada y estructuras de poder político contaminadas. En este tablero de intrigas e intereses, México camina por una delgada línea entre la cooperación y el choque. La historia apenas comienza a escribirse.
Escenarios RG | ¿Se abre la puerta a una intervención armada?
Detrás del término “narcoterrorismo” no solo hay una carga simbólica, sino un marco jurídico de consecuencias impredecibles. En la práctica, esta designación permite a Estados Unidos tratar a ciertos cárteles con la lógica aplicada a grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico. ¿Qué significa esto? Que, bajo ciertas condiciones, podría invocarse la legalidad de acciones militares selectivas extraterritoriales.
De acuerdo con fuentes consultadas por Región Global, ya existen planes tácticos en estudio que contemplan el uso de drones armados tipo MQ-9 Reaper para realizar ataques quirúrgicos sobre objetivos señalados como amenazas terroristas. Estas aeronaves no tripuladas han sido utilizadas por el Pentágono en Afganistán, Pakistán, Somalia y Siria para ejecutar operaciones sin desplegar tropas terrestres.
Aunque ninguna autoridad estadounidense ha confirmado una intención de intervenir militarmente en México, el diseño legal ya está puesto sobre la mesa. En el Congreso estadounidense, propuestas republicanas llevan años buscando autorizar este tipo de acciones, y el caso de los Inzunza —formalmente acusados de terrorismo— sería la primera pieza jurídica concreta para sostenerlas.
Si se acumulan más acusaciones similares —como las que se rumora podrían alcanzar a Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar—, el escenario que parecía impensable hace unos años podría volverse parte de la conversación pública: la activación de operaciones armadas estadounidenses, con tecnología no tripulada, sobre suelo mexicano. No es una amenaza declarada. Pero tampoco una fantasía.
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