Editorial

La nueva arquitectura de la 4T
El “humanismo mexicano” se fue sin darnos cuenta. La nueva arquitectura de la 4T no busca proteger al pueblo, sino blindarse de él: vigilancia digital, censura, criminalización de la crítica y captura institucional consolidan un régimen que transforma el poder en aparato de control.

Mientras el régimen se dice respaldado por “el pueblo”, construye paso a paso una arquitectura de control para blindarse de él. Tras la elección judicial del 1 de junio, con apenas un 13% de participación (9% de voto efectivo), la aparente legitimidad del proyecto hegemónico de la 4T se fisuró. La respuesta del poder no fue la autocrítica, sino el endurecimiento de los mecanismos de control estatal.

Acto seguido, Estados Unidos lanzó señalamientos públicos sobre redes de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos, con conexión a China para la importación de precursores de fentanilo. Entre las instituciones señaladas está Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, quien fungió como jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador durante tres años y continuó otros dos más como enlace directo con el sector privado. La acusación del gobierno de Donald Trump nuevamente golpeó el discurso moral del régimen y evidenció redes de poder presuntamente vinculadas al crimen organizado.

Las voces críticas, omnipresentes en las redes sociales, amplificaron su alcance, especialmente en X, donde expusieron contradicciones, actos de corrupción y manifestaciones de la represión encubierta y estructural del sistema (Puebla).

En respuesta, el régimen articuló una estrategia dual como experimento político-social: inicialmente mediante un discurso sutil de "transformación", que posteriormente derivó en métodos legaloides verdaderamente brutales (Puebla y Campeche). Esta táctica funciona como una tenaza destinada a neutralizar la disidencia, blindando al poder establecido mientras sofoca sistemáticamente las voces críticas.

Hoy, controlando los poderes y con las instituciones capturadas, el régimen impone un relato único en medios oficiales y espacios públicos. Las conferencias matutinas y las réplicas estatales se han convertido en tribunales de linchamiento mediático contra periodistas y ciudadanos incómodos.

En los estados, como Puebla, se promueven leyes de ciberasedio que criminalizan a la prensa crítica con cárcel y amenazas de multas millonarias, mientras el uso faccioso del aparato judicial se normaliza para perseguir a quien cuestione al poder local (Caso Layda Sansores).

La arquitectura de control se ha sofisticado todavía más. El Senado aprobó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que, bajo el argumento de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, obliga a renovar la CURP con recolección de datos biométricos. Se crea, de facto, una base de datos de toda la población sin garantías de protección en un país (México) con un largo historial de espionaje ilegal.

Simultáneamente, la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sustituye al IFT con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo, que puede habilitar la geolocalización de cualquier ciudadano sin orden judicial. También obliga a presentar identificación para adquirir dispositivos móviles, replicando modelos de vigilancia al modo de China o Rusia.

El escenario de persecución política está ya preparado: cuando la censura, la vigilancia biométrica y la vigilancia digital no alcanzan, el régimen recurre a la persecución judicial. Se persigue penalmente a periodistas y críticos, se imponen multas, se ordenan disculpas públicas y se castiga presupuestalmente a periodistas y medios de comunicación que denuncian corrupción o arbitrariedad. Puebla es un microcosmos de esta embestida autoritaria.

El segundo piso de la 4T ha dejado escapar al monstruo que escondía: “El poder que decía representar al pueblo ahora se protege de él y va contra él.

Esta es la nueva arquitectura de la 4T. No se gobierna para proteger al pueblo, sino para protegerse de él y para controlarlo, por las buenas o con la fuerza del Estado. Las preguntas son inevitables: ¿el blindaje del régimen es un acto de fortaleza o un signo de miedo? ¿Miedo a qué? ¿A la crítica? ¿A la verdad? ¿A la elección intermedia de 2027? Ya tendremos la respuesta cuando el pueblo se dé cuenta de que ha sido sometido, de que su libertad ha sido coartada y ahora será vigilado y silenciado, cada vez que camine en sentido contrario a la línea de la “cuarta transformación”.