Con el 60 por ciento de las actas computadas, Claudia Valle y Gilberto Bátiz se perfilan como los nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La noticia —que a simple vista podría parecer un trámite judicial— revela en realidad un enroque político que podría consolidar el control del bloque oficialista en el máximo órgano electoral-judicial del país.
Ciudad de México. Ambos candidatos tienen carrera electoral, pero sus nombres —en especial el de Bátiz— aparecieron en todos los acordeones distribuidos por Morena entre sus legisladores. Aunque formalmente no están afiliados al partido, fuentes internas señalan que ambos recurrieron a funcionarios de la Cuarta Transformación para conseguir el respaldo de las estructuras guindas, el color que simboliza al partido en el poder.
Claudia Valle no es ajena a las entrañas del TEPJF. Desde 2016 es magistrada de la Sala Regional Monterrey, y antes trabajó por una década en la propia Sala Superior, donde desempeñó cargos importantes como secretaria de estudio y cuenta y secretaria general de acuerdos. Su trayectoria ha sido la más institucional de todos los aspirantes: fue la única propuesta por los tres poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, lo que refuerza su legitimidad formal, aunque no la aísla del juego político.
Gilberto Bátiz, por su parte, llegó en 2019 al Tribunal Electoral de Chiapas por designación del Senado de la República y desde 2022 funge como su presidente. Antes de eso, ocupó un cargo como consejero electoral en Chiapas y trabajó como asesor en la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de la Sala Superior. Su paso por la Judicatura local y su cercanía con el Congreso estatal durante la hegemonía del PVEM y el PRI lo vinculan, al menos en percepción, con redes de poder que trascienden los colores partidistas. Algunas fuentes incluso lo ligan directamente al Partido Verde.
La Sala Superior atraviesa una tensión interna marcada por la existencia de dos bloques: uno alineado —al menos en percepción— con la 4T, encabezado por la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes; y otro conformado por Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes representan la minoría crítica.
En los asuntos polémicos, el bloque mayoritario impone su visión y decisiones, aunque De la Mata insista en que esa división “es un chisme” y afirme que coinciden en el 80 por ciento de los casos. “No hay gobiernistas ni oficialistas ni opositores. Si algo hemos demostrado una y otra vez es nuestra independencia”, declaró recientemente. Pero ese 20 por ciento restante, precisamente donde difieren, suele coincidir con los asuntos más relevantes para la legitimidad electoral del país.
La narrativa de independencia que los magistrados difunden —necesaria para proteger la legitimidad de la institución— choca con la realidad de un proceso que, en sus primeros 60 por ciento de actas computadas, confirma que la política se ha filtrado en los órganos jurisdiccionales.
La pregunta es si esta designación reforzará la independencia judicial o consolidará la percepción —cada vez más extendida— de un tribunal electoral convertido en un campo de batalla política, donde el juego de mayorías termina decidiendo el destino de la democracia.
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