El Senado de la República aprobó reformas que, con el argumento de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, amplían las facultades del gobierno para recolectar y centralizar datos biométricos de la población. El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza mientras familias de desaparecidos demandan resultados, y mientras las advertencias de vigilancia masiva se confirman en cada línea de la llamada #LeyEspía.
Región Global / InfoStock / Mexconomy — La reforma incluye cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con 89 votos a favor y 13 en contra, y modificaciones a la Ley General de Población, con 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.
Desde el oficialismo, se insiste en que la centralización de datos biométricos se usará únicamente para buscar a las personas desaparecidas. "Los datos biométricos sólo se utilizarán para la búsqueda de personas desaparecidas", aseguró Olga Patricia Sosa Ruíz (Morena), negando que se trate de espionaje disfrazado.
Sin embargo, la reforma abre la puerta a la construcción de una infraestructura de vigilancia masiva en este país con un largo historial de espionaje ilegal y persecución política. "La protección de datos personales no es un obstáculo, es una garantía", defendió Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN), quien rechazó las modificaciones a la Ley de Población, advirtiendo que no se puede combatir una tragedia sacrificando derechos fundamentales.
La senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) acusó que "esta no es una legislación al servicio de las víctimas, sino un pretexto para ampliar el poder del gobierno y convertir a todas las personas en objeto de vigilancia biométrica". En contraste, Waldo Fernández González (PVEM) celebró que ya no existan autoridades "sin conectividad" ni "islas de información", argumentando que esta centralización permitirá agilizar la localización de desaparecidos.
El dictamen aprobado contempla que, en un plazo máximo de 180 días, estados y municipios armonicen sus normas sobre panteones, cementerios, crematorios y fosas comunes. También ordena que, en un plazo de 90 días, el Ejecutivo Federal emita el reglamento que regirá el uso de esta información.
La discusión en el Senado mostró una tensión constante: la necesidad de mejorar la búsqueda de desaparecidos y el peligro de normalizar la vigilancia biométrica masiva bajo justificaciones humanitarias. Alejandra Barrales Magdaleno (MC) reconoció que "el propósito de la reforma es el control de la información" y que "pone en riesgo las libertades, la privacidad y los derechos fundamentales de la población", aunque también admitió que muchas familias ven en esta reforma la posibilidad de localizar a sus desaparecidos.
En México, donde la impunidad y la ineficiencia han marcado la tragedia de más de 125 mil personas desaparecidas, la urgencia de localización se convierte en justificación para construir bases de datos biométricos de toda la población. La pregunta que queda es si estas herramientas traerán resultados para las familias buscadoras o si se convertirán en un mecanismo de vigilancia bajo la promesa de justicia.
La #LeyEspía ha sido enviada a la Cámara de Diputados. Lo que está en juego no es solo la búsqueda de los desaparecidos, sino también el futuro de las libertades en un país donde la vigilancia se expande sin contrapesos claros.
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