Las libertades ya no desaparecen a punta bayoneta y represión abierta como en 1968. Hoy se disuelven con reformas legales, plataformas digitales y narrativas de eficiencia. El ciudadano pierde sus libertades y, en el colmo, muchos lo celebran.
Mientras en “X” pelean dos bandos con singular alegría todos los días, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en uno solo once reformas y nuevas leyes que rediseñan el aparato del Estado, concentrando funciones, militarizando estructuras y eliminando órganos autónomos. Días antes, en el Congreso de Puebla, se aprobó una reforma al artículo 480 del Código Penal que castiga el "ciberasedio" con hasta tres años de prisión. El mensaje es claro y no lo entiende gran parte de la gente: más vigilancia, menos crítica; más poder para el Estado, menos espacio para la sociedad.
El nuevo orden jurídico ya no requiere represión ni tanques en las calles. Requiere apenas de un Diario Oficial de la Federación, mayorías legislativas y una parte minúscula de una ciudadanía convencida de que todo esto es por su "bienestar". En la nueva normalidad legal, la Guardia Nacional ya no necesita autorización judicial para geolocalizar ciudadanos ni acceder a datos conservados de sus comunicaciones. Se le otorgan facultades de inteligencia sin control civil efectivo. Y todo en nombre de la seguridad.
Al mismo tiempo, se suprimen tres pilares de contrapeso: el IFT, la Cofece y la Conamer, cuyas funciones ahora serán absorbidas por órganos designados desde el Ejecutivo, sin autonomía real. Se extingue la frontera entre poder regulador y poder gobernante. Se revierte una arquitectura institucional construida durante dos décadas con el argumento de que la eficiencia vale más que el equilibrio.
Y cuando alguien, desde una red social, se atreva a señalarlo con ironía o furia, bastará con que algún actor político, por vía indirecta, alegue "ciberasedio" para que se active un nuevo marco penal que criminaliza la incomodidad. Bajo esta lógica, el disenso se convierte en delito. Lo digital, en un espacio cada vez más estrecho.
Mientras eso ocurre, el ciudadano promedio apenas intuye el cambio. La nueva CURP biométrica —con fotografía, huellas digitales y registro facial— ya fue declarada "documento nacional obligatorio", y se implementará a través de bases de datos cruzadas entre el SAT, pasaportes y otras plataformas oficiales. Quien no autorice la transferencia de su información deberá acudir físicamente a registrarla. Todo suena a modernización. En realidad, es vigilancia para controlar todos tus movimientos, tus opiniones, tus preferencias políticas, tu dinero y que pagues más impuestos.
El Centro Nacional de Inteligencia desarrollará una Plataforma Central de Inteligencia interconectada con sistemas públicos y privados, sin que exista un mecanismo real de rendición de cuentas ni supervisión independiente. ¿Quién controla al que nos controla?
El nuevo orden no se impone con botas, sino con algoritmos. No se declara, se codifica. No persigue, regula. El ciudadano no lo enfrenta: convive con él. Y esa convivencia, acrítica y automatizada, es lo que vuelve el fenómeno aún más peligroso para ti y tu familia.
Este momento marca un punto de quiebre silencioso: la legalidad ya no garantiza la libertad. Se legaliza el control, se normaliza el sometimiento. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si esto se parece a una dictadura, sino si aún nos reconocemos en una democracia.
El Poder ha dejado de simular. La Sociedad Civil ha dejado de participar en la construcción del sistema político En esa distancia, se consolida una forma de gobierno que ya no necesita represión: le basta la desmovilización.
Y eso, precisamente eso, es lo que lo hace tan peligrosamente efectivo: no necesita imponerse con violencia, porque opera con tu consentimiento tácito. Toma nota: tus hijos crecerán en un país donde muchas de las libertades que tú diste por sentadas ya no existen. Y no importará si te llamas de izquierda o de derecha, si te indignas o te resignas. Para el caso, ya sólo somos parte del paisaje.
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