Once reformas y nuevas leyes promovidas por el oficialismo fueron publicadas este miércoles en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum, abriendo la puerta a una serie de transformaciones institucionales que incluyen la militarización definitiva de la Guardia Nacional, la creación de una plataforma nacional de inteligencia, la desaparición de órganos autónomos y el establecimiento de una CURP biométrica obligatoria.
CDMX — Con la publicación oficial de estas normas, comienzan a correr los plazos para su implementación y para que las minorías parlamentarias o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpongan acciones de inconstitucionalidad. Estas serán resueltas por la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que entrará en funciones en septiembre.
Entre las reformas destaca la entrada en vigor de dos nuevas leyes que, si bien sustituyen ordenamientos previos, reconfiguran de raíz el sistema de seguridad pública: la Ley de la Guardia Nacional, que la formaliza como cuerpo militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Una de las modificaciones más polémicas es que la Guardia Nacional podrá solicitar la geolocalización en tiempo real de dispositivos vinculados a delitos, así como los datos conservados de comunicaciones, sin requerir orden judicial. Además, se les reconoce el derecho a solicitar licencia para competir en elecciones, al igual que otros integrantes de las Fuerzas Armadas.
Totalmente nueva es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que crea la Plataforma Central de Inteligencia (PCI), a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta plataforma tendrá acceso prácticamente irrestricto a sistemas de información públicos y privados. El CNI tendrá 180 días hábiles para instalar y operar la PCI.
Otro bloque de reformas redefine el modelo regulador del Estado. Se publicaron las nuevas Ley Federal de Competencia Económica y Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sustituyen a las del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con ellas se concreta la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Las funciones del IFT pasarán a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado del Ejecutivo; las de Cofece, a la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA). Todos los comisionados serán designados por Sheinbaum y ratificados por mayoría simple del Senado o la Comisión Permanente.
Este diseño contraviene los transitorios de la reforma constitucional de diciembre pasado, que preveían seis meses para extinguir los órganos autónomos una vez aprobadas las leyes secundarias. Las leyes recién publicadas adelantan su extinción al momento en que las nuevas comisiones queden integradas, lo cual podría ocurrir en semanas.
También se publicó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que ordena la desaparición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Sus funciones serán absorbidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la cual podrá emitir nuevas regulaciones sin necesidad de consulta pública previa.
En materia de derechos humanos, se promulgó una reforma para combatir la desaparición de personas, mediante la creación de una Plataforma Única de Identidad (PUI), que operará en tiempo real y concentrará los datos de personas reportadas como no localizables.
Como eje de esta política se establece una CURP biométrica, con huellas digitales y fotografía, que será el documento nacional de identificación obligatorio, aceptado en todo el país y disponible en formato físico y digital.
Las personas podrán autorizar que sus datos biométricos —registrados en dependencias como el SAT o en pasaportes— sean transferidos a la Secretaría de Gobernación (Segob) para generar esta nueva CURP. Si se niegan, deberán acudir a módulos específicos para registrarlos. Segob tendrá cuatro meses para crear el programa de integración biométrica para menores de edad.
La Conamer deberá extinguirse en un plazo de 30 días hábiles. Por su parte, las dependencias federales tendrán 90 días para transferir sus centros de atención telefónica a la ATDT, con el fin de crear el Centro de Atención del Bienestar de la Administración Pública Federal.
Finalmente, se publicaron reformas adicionales: la desaparición del Coneval, cuyas funciones de evaluación de política social pasarán al Inegi; cambios en materia de prevención de lavado de dinero; adecuaciones en el sector ferroviario para fortalecer el uso de trenes estatales, y una reforma a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos públicos.
Las once reformas representan un rediseño integral del aparato estatal, cuyo despliegue está en marcha y será supervisado por una nueva Corte con perfil afín al proyecto político del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
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