La tarde del miércoles 16 de julio de 2025 se registró una fuerte movilización policial en los municipios de y San Nicolás Buenos Aires, Tlachichuca y Ciudad Serdán, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron cateos en propiedades vinculadas a los hermanos Giovanni y Uruviel González Vieyra, expresidentes municipales de ambas localidades, respectivamente.
Ciudad Serdán, Pue. — Los operativos se realizaron a pesar de que ambos exfuncionarios obtuvieron resoluciones de amparo favorables en días recientes, lo que generó momentos de tensión con vecinos y familiares durante los cateos, quienes cuestionaron la legalidad de las acciones.
El primer cateo se llevó a cabo en una vivienda de Giovanni González, ubicada en el centro de Tlachichuca. Según testigos del lugar, agentes estatales habrían ingresado por la parte trasera del inmueble, aunque fuentes oficiales confirmaron que los elementos sí presentaron una orden judicial válida.
Durante la diligencia, los agentes notificaron a los familiares sobre la existencia de una orden de aprehensión antes de retirarse del lugar sin realizar detenciones.
Posteriormente, el personal de la fiscalía se trasladó a un rancho presuntamente vinculado a Uruviel González, donde también participaron elementos de la Policía Municipal. En este sitio, la situación se tornó más tensa cuando habitantes y familiares confrontaron a los agentes, al asegurar que las acciones vulneran las garantías derivadas del amparo otorgado.
La gravedad de la situación obligó a que elementos de la Guardia Nacional arribaran al lugar para respaldar el operativo.
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, aclaró que los hermanos González Vieyra continuarán en prisión, ya que los amparos únicamente los eximen de ciertos delitos, pero no anulan otros procesos judiciales por encubrimiento y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Giovanni González fue vinculado a proceso en marzo pasado por el delito de encubrimiento por receptación, tras ser localizado con objetos robados.
Por su parte, Uruviel González enfrenta cargos por abuso de autoridad y portación ilegal de armas, delitos que también mantienen procesos judiciales activos.
Ambos hermanos han promovido amparos en distintas sedes judiciales del estado, sin lograr hasta ahora su liberación definitiva. La estrategia legal de los exfuncionarios parece enfocarse en obtener protecciones específicas para ciertos delitos, mientras que otros procesos continúan su curso normal.
La FGE confirmó que continuará con los procedimientos legales y presentará recursos de revisión mientras existan elementos en su contra, lo que apunta que las investigaciones están lejos de concluir.
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