Mientras la 4T ha extinguido más de 120 fideicomisos de carácter federal por considerarlos "nidos de corrupción", en Puebla operan en silencio más de 18 estructuras fiduciarias estatales que concentran cientos de millones de pesos sin auditoría ni evaluación pública de impacto. Uno de ellos, el más frágil, el del sistema de pensiones del ISSSTEP, presenta inconsistencias contables por más de 676 millones de pesos.
RG Revista — "Son pura corrupción", sentenció Andrés Manuel López Obrador al justificar la desaparición de 109 fideicomisos federales desde 2020 y 13 más del Poder Judicial en 2023. El argumento fue contundente: eran mecanismos de privilegios, desvío y discrecionalidad con dinero público. Paradójicamente, en Puebla, donde gobierna el mismo partido, los fideicomisos no sólo sobreviven: se mantienen con fuerza, crecen en recursos y operan sin rendición pública.
En contraste con la narrativa nacional de control directo del gasto, el gobierno estatal ha consolidado un ecosistema de más de 18 fideicomisos activos que concentran al menos 367.6 millones de pesos en patrimonio reportado. A estos se suman “otros fideicomisos y contratos análogos” no detallados que, según documentos oficiales, cuadruplican ese monto y reciben más de 140 millones de pesos anuales en transferencias estatales adicionales.
La operación de estos instrumentos se justifica bajo el discurso de la “flexibilidad financiera” y el “orden contable”, pero carece de transparencia, informes de impacto o auditorías públicas. Pese a que algunos proyectos fiduciarios suenan loables en papel —como infraestructura, reservas territoriales o programas educativos—, el uso real de los recursos, su eficacia y sus resultados permanecen en zona gris.
Los datos son reveladores. En promedio, los fideicomisos descritos generan 69 millones de pesos mensuales en intereses bancarios, un flujo financiero que crece en silencio. Este rendimiento no es fiscalizado ni reportado públicamente con claridad. No se sabe a dónde va, cómo se usa ni quién lo decide.
Entre los fideicomisos activos destacan estructuras como el Fideicomiso Público Irrevocable de Administración e Inversión No. 19044 con 169.3 millones de pesos, o el fideicomiso F/0144, fuente de pago de deuda, con más de 76 millones. También figuran fondos específicos como el “Distribuidor Vial Ejército de Oriente”, el “Fondo Puebla”, o fideicomisos de participaciones estatales. Pero lo que tienen en común es más importante que sus nombres: ninguno cuenta con evaluación pública de impacto.
Si se aplicara en Puebla el enfoque AMLO-CSP, el argumento sería simple: extinguir estas estructuras, recuperar los recursos y canalizarlos de forma directa a programas sociales, sin comisiones fiduciarias ni estructuras administrativas intermedias. Pero la administración estatal sostiene el modelo actual sin abrirlo al escrutinio ciudadano.
Mientras tanto, el andamiaje legal en Puebla no ha hecho nada por corregir la situación. Las reformas recientes en la Administración Pública estatal se limitaron a cambios de nombres en secretarías, fusiones de dependencias y ajustes burocráticos. Los fideicomisos quedaron intactos. Ni más productivos ni más transparentes.
El caso del Fideicomiso de Pensiones del ISSSTEP ofrece una muestra grave de la opacidad estructural. Encabezado por Luis Antonio Godina Herrera, este fideicomiso —responsable de garantizar el pago de pensiones a trabajadores estatales— presenta una inconsistencia contable de 676 millones 234 mil 667 pesos, según documentos oficiales analizados por Mexconomy.
Al cierre de 2024, el fondo reportaba un saldo de 1,673 millones. Pero para marzo de 2025, esa cifra se redujo a 1,394 millones, es decir, 279 millones menos. Esto es contradictorio con los propios reportes financieros: en ese mismo periodo, el fondo generó —supuestamente— 676 millones en rendimientos y pagó solo 279 millones en pensiones. Por lógica contable básica, el saldo final debió ser de más de 2,070 millones, no menos. La diferencia perdida equivale exactamente a los rendimientos reportados, lo que sugiere que ese dinero simplemente desapareció.
El patrón numérico revela tres posibilidades: los rendimientos nunca existieron, fueron usados de manera no declarada, o existe un error contable sistemático. Cualquiera de las tres plantea un riesgo severo para la sostenibilidad del fondo y la confianza de los más de 15 mil jubilados y pensionados del Estado.
Las cifras oficiales, en lugar de aclarar, generan más preguntas que respuestas. Hasta ahora, el ISSSTEP no ha proporcionado documentación que respalde los rendimientos ni ha explicado la caída del saldo. Tampoco ha permitido auditorías externas independientes.
En paralelo, el contraste entre el modelo nacional y el estatal no podría ser más marcado. Mientras el gobierno federal impulsa la extinción de fideicomisos por razones éticas y presupuestarias, Puebla los defiende como instrumentos técnicos, pero los oculta como cajas negras.
¿Qué beneficio directo generan estos fideicomisos para la ciudadanía? ¿Por qué no se pueden operar esos proyectos de forma directa con el presupuesto estatal? ¿Quién se beneficia de los rendimientos bancarios? ¿Quién vigila que no se desvíen?
Mientras esas preguntas no tengan respuesta con datos verificables, auditorías públicas y acceso ciudadano a los informes, los fideicomisos de Puebla seguirán siendo lo que en otros tiempos el propio ex presidente describió: estructuras opacas que concentran dinero sin control, esta vez en nombre de la “flexibilidad financiera”.
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