Irma Hernández Cruz, taxista y maestra jubilada de 62 años, se convirtió en el más reciente símbolo de la brutal violencia del crimen organizado en Veracruz, al ser asesinada por negarse a pagar extorsión. Su historia refleja no solo el crecimiento de la impunidad en la región, sino también el vínculo cada vez más evidente entre el poder local, los grupos criminales y las autoridades que, de forma sistemática, se niegan a abordar con seriedad la crisis de seguridad que azota al Estado.
RG Revista — El 18 de julio, Irma fue secuestrada en su natal Álamo Temapache, al norte de Veracruz, por un comando armado que la obligó a grabar un mensaje extorsivo para sus compañeros taxistas. En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la mujer suplicaba a sus colegas que pagaran las extorsiones bajo amenaza de muerte. “Con la mafia veracruzana no se juega”, decía, mientras estaba rodeada por al menos una docena de hombres armados, quienes, como si fuera una escena de terror en pleno día, la obligaban a hincarse frente a la cámara.
El mensaje, no solo cruel sino simbólico, mostraba el poder absoluto de los grupos criminales como La Mafia Veracruzana, una escisión del Cártel del Golfo que opera impunemente desde 2017 y que controla el cobro de piso a miles de comerciantes y transportistas en la región. A pesar de la violencia que se desató en su contra, las autoridades locales y estatales guardaron silencio. El 24 de julio, su cuerpo fue encontrado a 40 kilómetros de Tuxpan, tras una serie de pesquisas que no lograron detener a los responsables.
La Gobernadora Rocío Nahle se limitó a declarar que la Fiscalía General del Estado estaba “trabajando en el caso”, pero, en realidad, la indiferencia de las autoridades ante estos hechos refleja la descomposición del sistema de justicia en Veracruz. Nahle, además, atribuyó la muerte de Irma a un infarto, producto de las agresiones sufridas durante su cautiverio, un informe que, aunque respaldado por los forenses, no ofrece detalles relevantes sobre la investigación o el rumbo que tomará.
Desde el momento en que la maestra fue secuestrada, las comunidades de Álamo Temapache han clamado por la intervención del gobierno estatal y federal ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos. A pesar de los operativos de seguridad desplegados en la zona, la sensación de impotencia y terror persiste, ya que las autoridades siguen sin ofrecer una solución tangible a los pobladores que viven bajo la constante amenaza de los cárteles.
La opacidad de las investigaciones y la falta de información veraz por parte del gobierno estatal se suman a la desconfianza popular. La propia Gobernadora Nahle mencionó en una de sus entrevistas radiales que su gobierno no tiene “pacto con nadie”, negando cualquier vinculación con los grupos criminales, pero esta afirmación no ha logrado convencer a la población, que sigue siendo testigo del aumento de la violencia y el control territorial de las bandas criminales en Veracruz.
Lo que está claro es que la muerte de Irma Hernández Cruz no es un caso aislado. El poder de La Mafia Veracruzana se extiende sin freno, con total control sobre zonas completas del estado y la indiferencia de las autoridades locales e incluso federales. Mientras la gobernadora insiste en que no hay pacto con los criminales, lo cierto es que la respuesta del gobierno ante este tipo de sucesos es débil y carece de voluntad para erradicar el problema de raíz.
En Veracruz, el crimen ya no sólo secuestra y extorsiona, también se toma la vida de quienes se atreven a decir no. El caso de Irma Hernández es solo un reflejo de una región donde la ley del más fuerte es la que prevalece, mientras las víctimas quedan atrapadas entre la corrupción estatal y la violencia de los cárteles.
La Mafia Veracruzana sigue operando con total libertad, mientras los veracruzanos, como Irma, pagan las consecuencias de un sistema de justicia en el que la extorsión y la impunidad han encontrado su hogar.
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