La cancelación de mil 600 concesiones del transporte público en Puebla revela no sólo el abandono institucional que reinó durante más de una década, sino también las grietas de un sistema corroído por la omisión, la anarquía y la opacidad.
Puebla de Zaragoza, Pue. — La Secretaría de Movilidad y Transporte inicia una limpieza que apenas comienza a dimensionar el rezago que dejó la ausencia del Estado en materia de transporte.
Durante más de 18 años, el sistema de transporte público en Puebla operó con permisos irregulares, concesiones abandonadas y vehículos que nunca fueron supervisados. El reciente anuncio de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), encabezada por Silvia Tanús Osorio, expone una inercia institucional donde incluso permisos a nombre de personas fallecidas permanecieron sin revisión ni cancelación. Las consecuencias de este abandono siguen afectando a miles de usuarias y usuarios todos los días.
En conferencia de prensa, Tanús Osorio informó la baja definitiva de mil 600 concesiones que estaban en condición de “depósito”, muchas desde hace más de una década, sin que sus titulares cumplieran con la obligación legal de regularización. “Teníamos permisos depositados desde hace 18 años, con titulares ya fallecidos”, afirmó la funcionaria. “¿Qué se hacía con esos permisos? Uno se pregunta si no se usaban de manera irregular. Por eso las finiquitamos, no queremos que haya tentaciones”.
La legislación establece un plazo máximo de 60 días para que las concesiones sean regularizadas. Sin embargo, varias permanecieron inactivas durante años. Algunas incluso más recientes llevaban dos años sin trámite, lo que, según la SMT, justificó su anulación. A pesar de que hay 34 mil concesiones registradas, la propia dependencia reconoce que se desconoce cuántas unidades están realmente en operación.
La situación evidencia una falta de control institucional que no es nueva. Durante 12 años no se realizó la Revista Vehicular, un proceso básico de verificación que garantiza condiciones mínimas de seguridad para las unidades. Para el gobernador Alejandro Armenta, esta omisión provocó “proliferación, anarquía y caos” en el transporte público. Al asumir el costo político del desorden heredado, prometió cerrar su sexenio con un sistema transformado: “sin corrupción, con seguridad y 100 por ciento amigable con el medio ambiente”.
El mandatario también anunció una reorganización integral del sistema: desde la regularización de taxis hasta la reestructuración del transporte de mototaxis. En su discurso, insistió en que no se impondrán medidas sin consenso y destacó la inversión en electromovilidad como eje del nuevo modelo.
Como primer paso, la SMT reportó que en solo dos semanas mil 743 unidades participaron en la Revista Vehicular 2025 en la capital, lo que representa apenas el 5% del total de concesiones. A la par, comenzó la entrega de nuevas placas para transporte colectivo y taxi, medida que busca ofrecer certeza jurídica a operadores y mayor seguridad a quienes usan el servicio.
El corte es quirúrgico, pero insuficiente. El rezago acumulado es profundo, y el 95% restante del parque vehicular concesionado sigue pendiente de revisión. En un contexto donde la omisión pública abrió las puertas a la irregularidad privada, el reto no es sólo técnico: es político, institucional y ético.
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