El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, acusó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones de lavado de dinero por al menos 46.5 millones de dólares para organizaciones criminales.
Mexconomy — México, en respuesta, alegó que su contraparte estadounidense no proporcionó pruebas contundentes. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) terminó imponiendo más de 50 sanciones administrativas por un monto que supera los 185 millones de pesos, la mayoría vinculadas a prevención de lavado.
Según el registro oficial de la CNBV publicado este martes, en junio se aplicaron un total de 53 multas a estos intermediarios financieros. Intercam encabezó la lista con 26 multas —16 al banco y 10 a su casa de bolsa— por más de 92 millones de pesos. A CIBanco se le impusieron 21 sanciones (16 al banco y 5 a la casa de bolsa) que suman más de 66 millones de pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa recibió 6 sanciones por más de 26 millones de pesos.
El contraste es notable: mientras México asegura que Estados Unidos no ha presentado evidencias sólidas de las acusaciones, el propio órgano regulador financiero mexicano confirma con sus actos que existieron irregularidades sustanciales en materia de prevención de lavado de dinero, suficiente para imponer una sanción de casi 200 millones de pesos.
“Las instituciones sancionadas incumplieron con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo establecidas en la Ley y en las disposiciones aplicables”, indica de forma escueta el resumen de las resoluciones de la CNBV.
La ambigüedad persiste: ¿hay o no elementos suficientes para sustentar que las operaciones de estos bancos facilitaron el lavado de dinero? Mientras el gobierno mexicano reclama falta de pruebas formales ante Washington, las sanciones revelan un sistema bancario permeado de omisiones, donde se toleran fallas graves hasta que la presión internacional obliga a actuar, aunque sea con multas que se convierten en parte de los costos de operación de estas instituciones.
En medio de discursos de soberanía y colaboración internacional, las instituciones financieras mexicanas operan bajo una supervisión que solo reacciona frente a escándalos, manteniendo en la opacidad las rutas reales del dinero que fluye entre estructuras criminales y cuentas bancarias en México.
La gran pregunta: ¿estas sanciones serán suficientes para frenar un esquema que, con o sin pruebas de Estados Unidos, ya fue reconocido de facto por la autoridad mexicana como un problema dentro de su propio sistema financiero?
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