En un proyecto de resolución de 498 cuartillas, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón plantea declarar la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al documentar una estrategia sistemática de distribución de guías de votación que, asegura, alteró de forma determinante el resultado electoral.
CDMX — El documento, hecho público este jueves, sostiene que existió una campaña organizada de reparto de “acordeones” —guías de votación con nombres de candidaturas— que constituyó propaganda electoral prohibida y que benefició indebidamente a ciertos aspirantes. De aprobarse, la propuesta implicaría revocar los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que validaron el proceso y ordenar la celebración de una elección extraordinaria.
Rodríguez Mondragón, integrante de la minoría en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumenta que la evidencia confirma un esquema generalizado de manipulación del voto, violatorio de los principios constitucionales de la materia electoral y vinculado a financiamiento ilícito. Según el proyecto, se acreditaron 3,188 acordeones impresos, además de 374 imágenes, videos, audios y publicaciones en redes sociales y medios de comunicación que respaldan la acusación.
El magistrado precisa que los acordeones podían usarse de manera individual y privada por electores ante la complejidad del proceso judicial, pero estaba prohibida su difusión masiva con fines de direccionar el voto. Las pruebas recabadas, señala, incluyen procedimientos sancionadores y de fiscalización, así como 156 impugnaciones en 23 entidades que documentaron la existencia y circulación de este material.
Uno de los elementos centrales del proyecto es la coincidencia entre las candidaturas que aparecían en los acordeones y las que obtuvieron mayores votos, lo que refuerza la hipótesis de su impacto determinante. Además, el documento destaca que la elección judicial, por diseño, prohíbe la injerencia de actores políticos, públicos o sociales con capacidad de influir estructuralmente en el proceso, por lo que la campaña detectada implicaría una violación grave.
En su propuesta, el magistrado plantea no solo anular la elección y convocar a nuevos comicios, sino también vincular al Congreso de la Unión para legislar sobre la regulación de la elección de personas juzgadoras mediante voto popular. El objetivo sería garantizar que futuros procesos cumplan con los estándares de certeza, legalidad e independencia.
La iniciativa de Rodríguez Mondragón llega en un contexto de división interna en el TEPJF y en medio de un debate nacional no superado, sobre la viabilidad de elegir a integrantes de la Suprema Corte por voto popular. El desenlace dependerá de la votación en el pleno, donde el magistrado es parte de un bloque minoritario, lo que anticipa un debate político y jurídico interesante en las próximas semanas.

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