La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional está diseñada para escuchar al pueblo de México, y no únicamente a los dirigentes de los partidos políticos, en respuesta a críticas de PRI y PAN sobre la falta de invitación formal a participar.
CDMX — Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la opinión ciudadana será prioritaria: “La reforma electoral está abierta, que todos opinen, pero también tiene que opinar el pueblo, no solo los expertos, o los burócratas de los partidos políticos, o los dirigentes de los partidos políticos, de cualquiera”.
Claudia Sheinbaum reconoció tener un partido político favorito, pero dejó en claro que la consulta no se limita a los presidentes de los partidos: “Claro que saben que yo tengo un partido que es mi favorito, pero no se trata de consultar a los presidentes de los partidos políticos (…)”. La Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez, abrirá espacios para que cualquier ciudadano pueda expresar su opinión sobre la reforma.
La oposición ha manifestado su desacuerdo. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, señaló que su partido no ha recibido convocatoria formal, aunque estaría dispuesto a participar si existe apertura para plantear sus propuestas, incluyendo voto electrónico, segunda vuelta, mecanismos contra sobrerrepresentación y medidas para impedir la participación del crimen organizado en elecciones.
De manera similar, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, afirmó que no hay comunicación formal con la Comisión Presidencial y calificó la iniciativa como una “farsa”, descartando la participación de su partido mientras no se presente una propuesta seria que garantice competencia, democracia, equidad y transparencia.
El planteamiento de Sheinbaum refuerza la idea de que la reforma busca un proceso inclusivo y centrado en la ciudadanía, en concordancia con los principios de participación democrática consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los funcionarios públicos de atender a todos los ciudadanos sin privilegiar a un partido político.
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