Las cuatro jóvenes detenidas durante la protesta en el Zócalo de Puebla fueron liberadas tras pasar casi un día bajo custodia de la Fiscalía General de la República. Denuncian haber sido golpeadas y retenidas en condiciones violatorias a sus derechos humanos.
Puebla de Zaragoza, Pue. — La protesta por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en el corazón de Puebla derivó en un episodio de confrontación que culminó con detenciones, denuncias de violencia policial y la apertura de procesos judiciales. En el centro de la disputa se encuentra la intervención a la Fuente de San Miguel, patrimonio histórico del Zócalo, y la respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La secuencia fue clara: colectivos se reunieron para exigir justicia por las desapariciones forzadas; un grupo de manifestantes golpeó con martillos y aplicó pintura a la fuente, lo que provocó desprendimientos visibles en la estructura; en ese momento la SSC intervino, cercó la zona y procedió a detener a varias mujeres, cuyo número osciló entre tres y cinco en los reportes iniciales.
Las versiones difundidas atribuyeron la acción a la colectiva Morras Sororas Histéricas e Históricas, aunque no hubo confirmación oficial de la pertenencia de las detenidas a dicho grupo. Pese a ello, la detención fue inmediata y derivó en un traslado bajo empujones y forcejeos, en un clima de tensión que contrastó con el carácter conmemorativo de la jornada.
Las jóvenes fueron retenidas cerca de 22 horas en instalaciones de la Fiscalía General de la República en Puebla. Dos de ellas, al salir, denunciaron haber sido golpeadas por policías, mostrando marcas en diversas partes de su cuerpo. El señalamiento apunta a un uso excesivo de la fuerza que, más allá de los daños a un bien histórico, configura un escenario de violaciones a los derechos humanos.
La Gerencia del Centro Histórico anunció que presentaría una denuncia penal y realizará peritajes para cuantificar los daños en la fuente, mientras que la defensa de las liberadas solicitó al INAH y a las autoridades municipales desistir de los cargos para que las jóvenes queden absueltas. Ahora, la discusión trasciende el ámbito patrimonial y se coloca en el terreno de la legalidad: la violencia física ejercida por agentes estatales en contra de las mujeres manifestantes no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia.
El saldo de la jornada combina dos planos: por un lado, un monumento intervenido y un proceso penal en curso; por otro, testimonios de agresión que podrían derivar en nuevas denuncias contra los responsables de la represión. La protesta que buscaba visibilizar la desaparición forzada en México terminó exhibiendo un conflicto mayor: la persistencia de la violencia institucional en el tratamiento de la protesta social.
0 Comentarios