La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el presupuesto para 2026, de 18 mil 159 millones de pesos, cumple con la Ley de Austeridad y confió en que la Cámara de Diputados no imponga recortes como en años anteriores.

CDMX — En medio de la discusión sobre la suficiencia presupuestal del Instituto Nacional Electoral, la titular del organismo afirmó que el proyecto económico del próximo año fue diseñado con criterios estrictos de racionalidad en el gasto. Taddei destacó que, a diferencia de otros ejercicios, el presupuesto actual se presenta como uno de los más viables de ser aprobado por los legisladores.

Durante la reunión de la Junta General Ejecutiva del INE, se avaló la cartera de proyectos con la que se pedirá un presupuesto total de 25 mil 896 millones de pesos. Este monto incluye 7 mil 737 millones para el financiamiento de partidos políticos, 15 mil 039 millones para el gasto operativo del Instituto y una partida precautoria de 3 mil 119 millones en caso de que se organice una consulta popular.

Cada año, la Cámara de Diputados ha aplicado reducciones al presupuesto electoral, reasignando recursos a otros programas. En 2025, el recorte fue de 13 mil 476 millones de pesos, lo que redujo la petición original de 40 mil 476 millones a solo 27 mil millones. De este monto, 6 mil 219 millones fueron destinados a la elección extraordinaria del Poder Judicial, lo que obligó al INE a solicitar ampliaciones para cumplir con la organización.

Para el ejercicio de 2026, el Instituto prevé un presupuesto base 7.7 por ciento menor al de 2025, lo que representa una reducción de mil 486 millones de pesos. No obstante, en caso de que no se contemple una consulta popular en noviembre, se anticipa que la Cámara podría recortar al menos los 3 mil 119 millones considerados para dicho ejercicio de participación ciudadana.

Taddei sostuvo que el INE está preparado para defender su propuesta ante el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados, previsto para noviembre, y recalcó que se buscará garantizar la viabilidad del funcionamiento electoral en un año de menor carga organizativa respecto a los anteriores.

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