Con seis votos contra cinco, el Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Morena de una multa por 55 millones 299 mil pesos, derivada de irregularidades en la compra y remodelación de inmuebles en 2020, a pesar de las anomalías detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.
CDMX El resolutivo fue posible gracias al voto de la consejera Dania Ravel, quien se sumó al bloque encabezado por la presidenta Guadalupe Taddei, con lo cual se declaró infundada la propuesta de sanción contra el partido político.
El caso se remonta a 2020, cuando el entonces dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuéllar promovió una denuncia mercantil contra su antecesora Yeidckol Polevnsky por la adquisición y mantenimiento de inmuebles con un valor de 395 millones de pesos. Los contratos fueron adjudicados a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro, S.A. de C.V. y Estrada Miranda Proyecto y Construcción, S.A. de C.V., señaladas de incumplimiento y de realizar trabajos “fantasma”.
Ese mismo año, el PRD solicitó al INE investigar el presunto desvío de recursos. Tras cinco años de indagatorias, la Unidad Técnica de Fiscalización confirmó irregularidades financieras. El organismo planteó una multa inicial por 110 millones de pesos, dado que Morena solo logró recuperar 284 mil 399 pesos, mientras que 109 millones 782 mil pesos fueron considerados penalizaciones improcedentes.
En su dictamen, la Unidad señaló: “El Partido Morena no comprobó ni recuperó los saldos reportados en las cuentas por cobrar, derivado de los anticipos realizados en el ejercicio 2019 por un importe de $109,782,702.19 por concepto de pago de obligaciones, planeación, preparación, adquisición de insumos, logística y demás tareas relacionadas con los contratos de obra”. También se reportaron $817,235.81 no comprobados en anticipos.
Pese a estos señalamientos, Morena defendió que la sanción era una “injusticia”, argumentando que el convenio con las empresas seguía vigente y que los recursos serían recuperados. “Sancionar a Morena sentaría un precedente peligroso, desintegraría a los partidos políticos a defender sus recursos por la vía legal, por temor a que los costos de litigio o los acuerdos transaccionales sean sancionados”, expresó el representante partidista Rafael Santiago.
Los consejeros que votaron a favor de imponer la multa advirtieron inconsistencias. El consejero Arturo Castillo cuestionó: “Si fue el proveedor quien incumplió con el contrato, entonces debió restituir la totalidad del monto. Si ambos incumplieron, la pena convencional queda sin efectos y nadie debió pagar nada”.
Finalmente, la mayoría del Consejo General del INE se inclinó por absolver a Morena, validando el acuerdo que el partido aseguró era “el más conveniente” para sus intereses políticos y financieros.
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