Reforma Electoral: Presentan Sheinbaum y Gómez una comisión para repensar las reglas del poder

La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral abre un proceso político que, según su titular, busca alinear el marco electoral con las transformaciones recientes del Estado mexicano, pero mantiene interrogantes sobre su alcance, independencia y método de trabajo.

CDMX — El 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que da origen a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con la encomienda de convocar a la ciudadanía a opinar sobre los cambios que el país necesita en materia electoral. La comisión será presidida por el propio Ejecutivo federal y estará integrada por la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica y la Oficina de la Presidencia.

En la presentación del decreto, Pablo Gómez, titular de la comisión, argumentó que México “ha entrado en un proceso de grandes cambios” en el que “el protagonista central de esta transformación es, y ha sido, el pueblo”. Para él, las viejas formas de ejercer el poder “han dejado de tener vigencia” y la ciudadanía ha adquirido “influencia decisiva sobre el curso del país”.

Gómez sostuvo que, aunque en los últimos años se han reformado la Constitución y diversas leyes para reconocer nuevos derechos y modificar estructuras del Estado —incluida la participación popular en la integración de la judicatura—, las normas que rigen “consultas populares, sistemas de representación, métodos de votación, régimen de partidos y organización de autoridades electorales permanecen igual” y que esta “conservación inercial” no es congruente con la coyuntura actual.

En su visión, el núcleo de la democracia está en el “respeto irrestricto al voto libre y a la voluntad popular” como elementos sin los cuales no habría fuerza suficiente para garantizar derechos y libertades. Añadió que “la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular”, pero con la condición de que las minorías puedan, mediante la libre decisión ciudadana, convertirse en mayoría.

La Comisión, explicó, tendrá la misión de “convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México”, realizar estudios, elaborar propuestas y formar grupos de trabajo. También organizará debates, audiencias públicas, foros y consultas que incluyan a partidos políticos, organizaciones sociales, comunidades indígenas, migrantes, especialistas y ciudadanía en general. Las opiniones y críticas serán publicadas en su portal oficial.

El plan de trabajo prevé un temario amplio: libertades políticas, representación del pueblo, sistema y financiamiento de partidos, fiscalización de campañas, efectividad del sufragio, votación y cómputos en México y el extranjero, autoridades electorales, requisitos de elegibilidad, inmunidades y mecanismos de revocación de mandato. Las encuestas nacionales se presentarán en octubre de 2025 y las conclusiones se entregarán a la Presidencia en enero de 2026.

El decreto establece que la comisión dependerá directamente de la Presidencia y que los representantes de academia, organismos autónomos y sociedad civil podrán participar “con voz pero sin voto”. Las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya autorizado a las dependencias que la integran, lo que evita la creación de una partida específica.

Para Gómez, no se trata solo de asegurar la estabilidad política, pues “antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción”. En cambio, busca forjar “un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y democracia”, reconociendo que el poder reside en el pueblo y que las libertades políticas deben ser el “más valioso instrumento” para mejorar la transformación nacional.

Sin embargo, el diseño centralizado de la comisión, su dependencia directa del Ejecutivo y la ausencia de voto para invitados externos plantean un debate sobre su verdadera capacidad para generar consensos plurales. La legitimidad de sus propuestas dependerá no solo de la retórica participativa, sino de la transparencia, el rigor metodológico y la apertura real de un proceso que aspira a rediseñar las reglas del poder en México.

En su explicación, Claudia Sheinbaum buscó matizar el alcance operativo y presupuestal de la comisión presidencial que coordina Pablo Gómez. Subrayó que el cargo del titular no implica una nueva estructura costosa, sino que se trató de la reasignación de una plaza de asesoría ya existente en la Presidencia, anteriormente ocupada por Sergio Salomón antes de asumir el Instituto Nacional de Migración. "Ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial", indicó, aclarando que no existe un presupuesto especial para su funcionamiento y que los foros y consultas recibirán apoyo logístico de gobiernos estatales y municipales.

La presidenta detalló que la consulta será amplia y con mecanismos presenciales y virtuales. Explicó que se habilitará una plataforma digital para la participación ciudadana y que se recibirán aportaciones de personas pertenecientes a organizaciones, partidos políticos, legisladores e incluso consejeros del INE, siempre que participen a título personal. "Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa", afirmó. La lista de temas en discusión, retomada de los planteamientos de Pablo Gómez, incluye desde el financiamiento de partidos políticos y el régimen de partidos hasta la posible implementación del voto electrónico, la reducción de recursos para campañas y la revisión de la representación proporcional en ambas cámaras.

Finalmente, Sheinbaum enmarcó la reforma electoral en una narrativa histórica sobre los fraudes electorales en México. Reiteró que la meta es garantizar que "nunca más en nuestro país regrese un fraude" y aseguró que la convocatoria es incluyente: "Aquí no se cuarta el derecho de participación a nadie". No obstante, insistió en que el diseño de la propuesta estará orientado por los principios establecidos en el decreto de creación de la comisión y por la memoria de los episodios que han marcado la desconfianza ciudadana en los procesos electorales.

Aspecto	Pablo Gómez	Claudia Sheinbaum
Rol en la reforma electoral	Coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; propone ejes temáticos y conduce el debate público.	Presidenta de la República; establece lineamientos, encuadre político y límites presupuestales para la comisión.
Enfoque principal	Transformar el sistema electoral para reducir costos, modificar la representación y garantizar transparencia.	Asegurar que el proceso de consulta sea amplio, incluyente y sin gastos adicionales significativos.
Temas clave en discusión	- Financiamiento a partidos. - Régimen de partidos. - Voto electrónico. - Representación proporcional. - Reducción de recursos para campañas.	Coincide con la lista de Pablo Gómez, subrayando que son "muchos puntos" y que todos están abiertos a debate público.
Mecanismos de participación	Promover foros y consulta pública como base para una propuesta final.	Foros en varias entidades, plataforma digital para participación en línea, recepción de aportaciones de individuos (no instituciones).
Alcance presupuestal	No especifica en sus declaraciones.	No hay presupuesto especial; se reutiliza plaza de asesoría existente; apoyo logístico de gobiernos estatales y municipales.
Justificación política	Necesidad de modernizar y optimizar el sistema electoral para beneficio ciudadano.	Evitar que "nunca más regrese un fraude" electoral, recordando antecedentes históricos de irregularidades.

Aspecto	Fortalezas (según Pablo Gómez y Claudia Sheinbaum)	Debilidades y riesgos
Enfoque y objetivos	Busca actualizar el sistema electoral con un diálogo amplio que integre distintas voces y genere propuestas técnicas para modernizar reglas y financiamiento.	El diseño está controlado por el Ejecutivo, lo que limita la pluralidad real; el proceso parece orientado a ajustar reglas sin cuestionar la concentración del poder o ampliar mecanismos democráticos sustantivos.
Participación ciudadana	Se abren foros presenciales y digitales para recibir opiniones de ciudadanos, organizaciones y especialistas; promueven inclusión en la discusión pública.	La participación queda limitada a aportaciones individuales y no a una incorporación real de propuestas ciudadanas en el diseño legal; se excluyen actores institucionales relevantes y la consulta carece de vinculación vinculante.
Mecanismos y temas en discusión	Incluyen temas clave como financiamiento de partidos, voto electrónico, representación proporcional y fiscalización, lo cual permite abordar áreas sensibles del sistema electoral.	Ignoran o minimizan la discusión sobre candidaturas independientes viables, referendos vinculantes, revocación efectiva y garantías para proteger la autonomía del árbitro electoral; faltan reformas integrales que impulsen la democracia participativa.
Autonomía e independencia	La comisión dependerá directamente del titular del Ejecutivo, lo que facilita coordinación y control operativo.	Esta dependencia del Ejecutivo representa un riesgo grave para la independencia de la reforma y puede facilitar la captura política del INE y otros órganos electorales.
Recursos y presupuesto	Se aprovechan plazas y recursos existentes para minimizar gastos adicionales, lo que muestra eficiencia presupuestal.	La falta de presupuesto específico limita la capacidad operativa y la independencia financiera de la comisión, restringiendo su alcance y posiblemente su impacto.
Justificación política	Se presenta como una reforma necesaria para evitar fraudes electorales y fortalecer la democracia.	La narrativa de evitar fraudes puede ser utilizada para justificar recortes al árbitro electoral y restringir la competencia, en lugar de fortalecer garantías democráticas reales.