La visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México abrió un frente político en torno a las reformas impulsadas por la mayoría legislativa. Mientras Ricardo Monreal defendió los cambios constitucionales como un proyecto autónomo de nación, la oposición advirtió que las medidas han aislado al país y deteriorado la relación comercial con su principal socio.
CDMX — La exigencia de Estados Unidos para que México elimine barreras al libre comercio generó un inmediato choque de posturas en el Congreso. Durante su gira en la Ciudad de México, Rubio urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum a corregir políticas energéticas, regulatorias y comerciales que, en opinión de Washington, frenan el intercambio entre ambas naciones. El reclamo colocó bajo escrutinio el conjunto de reformas aprobadas en el actual sexenio.
Desde la mayoría oficialista, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, defendió los cambios impulsados con el argumento de que fueron decisiones soberanas. “Nosotros decidimos cambiar la Constitución de manera autónoma, porque este es un diseño de nación que habíamos propugnado y definido. Ahora que contamos con mayoría calificada, llevamos a cabo esas modificaciones, incluyendo la extinción de organismos autónomos”, expresó. Aunque dijo no tener claro si las críticas de Rubio aludían a la reforma energética, afirmó que el control estatal sobre sectores estratégicos fue la decisión correcta.
Del lado opositor, el panista Ernesto Sánchez acusó a la mayoría de haber avalado una “cascada de reformas regresivas” que contradicen compromisos internacionales. Recordó que su bancada advirtió sobre las tensiones que provocaría favorecer a Pemex y a la CFE, nacionalizar el litio o prohibir el fracking, decisiones que —dijo— hoy se reflejan en la lista de obstáculos comerciales publicada por Estados Unidos. También criticó la prohibición del glifosato, el bloqueo a registros sanitarios y la negativa a importar maíz y algodón transgénico, medidas que, según él, afectan la competitividad agroalimentaria.
En la misma línea, el legislador panista Héctor Téllez señaló que la eliminación de organismos como el INAI, la Cofece, el IFT y la CRE ha minado la certidumbre regulatoria y contribuido a una fuga de capitales de 70 mil millones de dólares desde 2019. “Parece que esta relación vive una crisis y una presión de Estados Unidos para que México sea un socio comercial confiable”, advirtió.
La vicecoordinadora de Acción Nacional, Noemí Luna, agregó que el llamado “Plan C” impulsado por Andrés Manuel López Obrador no solo modificó el equilibrio democrático interno, sino que compromete la credibilidad del país frente a sus socios del T-MEC. Para la legisladora, la revisión programada del tratado debe convertirse en una oportunidad de rectificación: “Lo que está en juego no son los caprichos de un proyecto político, sino el futuro económico de millones de mexicanos”.
En contraste, Monreal insistió en esperar la renegociación del T-MEC que iniciará el próximo año y reiteró que las reformas reflejan la soberanía legislativa. El debate en torno a la advertencia de Rubio anticipa que la revisión del acuerdo comercial estará marcada por las tensiones internas y las presiones externas.
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