La ofensiva contra el huachicol fiscal toma dimensiones políticas. El arresto del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ocurrido la mañana del martes 2 de septiembre por presuntos vínculos con el huachicol fiscal, constituye el golpe más importante contra un alto mando naval en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y desencadena repercusiones que trascienden a la Secretaría de Marina.
CDMX — El episodio ocurre en un contexto donde la Marina acumuló funciones civiles y operativas en obras, infraestructura y operación aduanera durante los últimos años, lo que la expuso a prácticas de contratación, manejo de recursos y administración de funciones públicas que ahora están bajo investigación en distintos frentes del gobierno federal.
¿Quién es Manuel Roberto Farías Laguna? El 16 de enero de 2024 rindió protesta como comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, en sustitución del vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval. A lo largo de más de 14 años se desempeñó en unidades de superficie de la Armada de México y ocupó cargos de confianza: subjefe de Servicios Generales del Centro de Estudios Superiores, secretario particular del almirante jefe de Estado Mayor General de la Armada y del subsecretario de Marina, así como jefe de Estado Mayor de la 12ª Zona Naval.
La detención del vicealmirante fue precedida por señalamientos de redes familiares y prácticas administrativas irregulares dentro de la Semar. Marinos en retiro pidieron que la Secretaría de la Función Pública investigara a los sobrinos políticos del entonces almirante secretario Rafael Ojeda Durán, los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, señalados por su presunto control sobre adquisiciones, dragados y obras en Sonora.
En la misma línea de investigación figuran denuncias contra la gestión contractual de la Marina: entre 2019 y 2024 se consignan adjudicaciones a empresas constituidas sin capital ni experiencia; además, se documentaron pagos y expedientes con irregularidades por montos detectados en áreas como la Dirección de Servicios Generales de Hidrográficos —por 40.7 millones de pesos—, así como adjudicaciones directas, como la entrega a Idisa Ingeniería de la construcción de una unidad habitacional aun cuando la empresa contaba con apenas un trabajador registrado en el IMSS antes del contrato.
Tras las primeras declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre ilícitos en el trasiego de combustibles hacia México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se investigaría a todos los funcionarios vinculados con el llamado huachicol fiscal. La mañana del 2 de septiembre, fuerzas federales aprehendieron al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en un operativo donde también fueron detenidos otros siete imputados —cinco hombres y dos mujeres—. Ese mismo día, pero por la tarde, arribó a México Marco Rubio, quien sostuvo un encuentro con la mandataria al día siguiente.
De acuerdo con la ficha penitenciaria, Farías Laguna, de 1.85 metros de estatura, vestía una camisa blanca con franjas azules, pantalón azul y zapatos cafés al momento de su arresto. Tanto él como su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna —hijos de la cuñada del exsecretario Rafael Ojeda Durán—, enfrentaban desde el sexenio pasado señalamientos por presuntos actos de corrupción al interior de la Secretaría de Marina.
La detención tiene además un componente político enmarcado en los hechos: ocurrió el mismo día de la llegada del representante estadounidense Marco Rubio y coincidió con una ofensiva del gobierno federal comprometida —dentro del acuerdo de cooperación binacional EE.UU.-México— a desmantelar las redes del huachicol fiscal. Para la administración de Claudia Sheinbaum, esta estrategia implica desplazar grupos internos que operaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en áreas clave de la administración pública federal, y para actores como Omar García Harfuch representa la oportunidad de consolidar resultados operativos frente a Washington con miras al tablero político de 2030.
García Harfuch ha movido piezas institucionales fundamentales vinculadas al combate al robo y trasiego de hidrocarburos: en octubre fue nombrado al frente de Pemex Logística Israel Benítez López —conocido en círculos policiales como “El Jefe Máximo” y hombre de confianza de García Harfuch—, y recientemente César Oliveros Aparicio, ex fiscal antisecuestro en la Ciudad de México, fue designado titular de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos (FEMDO), posición definida como el nuevo “zar anti huachicol” del gobierno de Sheinbaum.
El caso combina, por tanto, elementos de investigación penal y administrativa dentro de la Semar, acusaciones de nepotismo y adjudicaciones irregulares, además de un reacomodo estratégico en aduanas y órganos de fiscalización —áreas que, según la información aportada a Región Global, estuvieron bajo perfiles vinculados a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras los acuerdos de cooperación con Marco Rubio, el objetivo declarado del gobierno de Claudia Sheinbaum es preciso: cortar las rutas físicas, institucionales y financieras del huachicol fiscal mediante reestructuras en Pemex, Marina, Agencia Nacional de Aduanas y el SAT, así como con acciones operativas y fiscales coordinadas con el gobierno norteamericano.
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