El Ayuntamiento de Tehuacán reconoce que más del 40 por ciento de su padrón de más de 94 mil cuentas registra adeudos del impuesto predial. Ante esta morosidad, el cabildo aprobó estímulos fiscales que incluyen la condonación de recargos, multas y gastos de notificación, vigentes del 1 de octubre al 31 de diciembre.
Tehuacán, Pue. — La medida se presenta como un alivio para los bolsillos ciudadanos, pero también como una estrategia para recuperar recursos que la administración municipal asegura necesita para mantener los servicios públicos. La realidad, sin embargo, expone un trasfondo de desconfianza: la ciudadanía no paga porque no cree que sus impuestos se traduzcan en beneficios tangibles. En Tehuacán, los problemas de corrupción, inseguridad, deficiencias en la recolección de basura y calles llenas de baches alimentan esa percepción.
El acuerdo aprobado en cabildo establece que quienes adeuden los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 podrán acceder a una condonación del 100 por ciento en recargos, multas y gastos de notificación, siempre y cuando estén al corriente en el pago de agua potable, drenaje y recolección de basura. En caso de cubrir solo uno de estos servicios, el beneficio se reduce al 50 por ciento.
De acuerdo con el regidor de Patrimonio, Hacienda Pública y Catastro, Arturo Gilberto Cadena López, la campaña que inicia el 1 de octubre y concluye el 31 de diciembre busca apoyar la economía familiar, pero también fortalecer la recaudación municipal, ya que existen cuentas con más de 5 años de atraso. Señaló que los contribuyentes interesados podrán acudir directamente a las cajas de la administración para recibir orientación y aprovechar el programa.
En el discurso oficial se plantea que los recursos recaudados se destinarán a cubrir necesidades y mejorar los servicios. No obstante, la realidad contrasta: en Tehuacán, la percepción ciudadana se alimenta de carencias cotidianas y de una administración señalada por su ineficiencia. Mientras el ayuntamiento pide cumplir con las obligaciones fiscales, la ciudadanía cuestiona si el dinero terminará en el destino correcto o se perderá en la inercia de la corrupción y la mala gestión.
Así, la campaña de descuentos más que un incentivo fiscal se convierte en un termómetro social: la resistencia a pagar impuestos es también una forma de protesta silenciosa contra un gobierno local que no logra garantizar servicios básicos ni seguridad.
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