Grupo Salinas anunció que estudia interponer demandas en México y Estados Unidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por presunta “difamación y daño moral”, luego de las menciones sobre Ricardo Salinas Pliego y los adeudos fiscales de sus empresas. La mandataria respondió cuestionando los negocios del empresario y su decisión de acudir a cortes extranjeras.
CDMX — En un comunicado difundido en redes sociales, el conglomerado empresarial advirtió: “Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública”. Señaló que analiza “acciones legales pertinentes en México y EU” contra la titular del Ejecutivo, a quien acusa de persecución política disfrazada de disputa fiscal.
El pronunciamiento surgió tras la conferencia matutina del miércoles, cuando Sheinbaum fue cuestionada sobre la fianza de 25 millones de dólares que Salinas Pliego pagó a AT&T en Estados Unidos para evitar una orden de arresto. En su respuesta, la presidenta sugirió un caso de “defraudación fiscal” y, con tono irónico, expresó: “toma chocolate, paga lo que debes”.
Grupo Salinas acusó que los señalamientos forman parte de una “embestida autoritaria” y un intento de utilizar al empresario como distractor, mientras otros temas ocupan la agenda, como la detención en Paraguay y traslado a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, señalado de encabezar redes criminales en Tabasco.
En respuesta, Sheinbaum cuestionó la estrategia legal de Salinas: “¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Incluso más allá de las deudas, la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales”. Acto seguido, lanzó una serie de preguntas sobre el origen de la fortuna del empresario: “¿Cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero? ¿Cómo adquirió ADN 40 y acciones de Mexicana?”.
El enfrentamiento ocurre en paralelo a la ofensiva política del dueño de TV Azteca, quien ha promovido un “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción” con el que busca sumar a partidos opositores y detractores de Morena, mientras mantiene abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2030.
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