El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, fue citado por un juez federal para comparecer el 1 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, acusado de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
CDMX — De acuerdo con documentos judiciales, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal programó la audiencia inicial dentro de la Causa Penal 325/2025, en la que el contralmirante figura como uno de los principales implicados en un esquema de huachicol fiscal operado desde las aduanas marítimas del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que tanto Fernando como Manuel Roberto Farías Laguna forman parte de una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de combustible procedente de Estados Unidos a México, valiéndose de su posición dentro de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). El vicealmirante fue detenido el 2 de septiembre, mientras su hermano continúa prófugo.
En la solicitud de orden de aprehensión, la FGR calificó a ambos mandos navales como personas de alta peligrosidad, al vincularlos con los asesinatos de Fernando Guerrero Alcántar, exdirector de la Aduana de Manzanillo, y de la agente ministerial Magaly Nava Ramos, ocurridos en 2024. Ambos casos fueron incorporados al expediente judicial como parte del riesgo a víctimas y testigos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) imputará a Farías Laguna delitos de delincuencia organizada, contrabando, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el mismo proceso han sido detenidas 14 personas entre funcionarios, empresarios y agentes aduanales, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico durante marzo pasado, informó el titular de Seguridad, Omar García Harfuch.
El Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México negó a Farías Laguna una suspensión definitiva en su juicio de amparo, al determinar que no aportó elementos que acrediten riesgo de tortura o incomunicación en caso de ser detenido. El juez José Elías Pacheco Martínez concluyó que “el quejoso no ofreció indicios de que será objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Aun así, el mando naval obtuvo una medida cautelar en otro juicio que le permitirá acudir a su audiencia inicial del 2 de octubre a las 10:30 horas ante el Centro Federal de Justicia Penal en Almoloya de Juárez. La Femdo buscará formalizar su imputación por vínculos con la red criminal.
Dentro de la misma Causa Penal 325/2025, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron la presunta participación de José Ramón, Gonzalo y Jesús Ernesto López, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El diputado Marcelo Torres Cofiño entregó copia de la denuncia a la Fiscalía General de la República, argumentando que un testigo protegido los menciona como parte de la red de contrabando.
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en San Lázaro, Torres Cofiño exigió que la investigación avance y acusó al Ejecutivo federal de obstaculizar el caso. La funcionaria rechazó los señalamientos y aseguró que “nuestras instituciones son fuertes y hay voluntad política para garantizar cero impunidad”.
El proceso judicial y las denuncias cruzadas exhiben la magnitud del caso, que involucra a altos mandos navales, funcionarios federales y presuntos vínculos políticos en lo que la oposición ha bautizado como el “Cártel de Palenque”.
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