“Earn this!”
El mayor escándalo de contrabando de combustibles en la historia reciente ha puesto bajo la lupa a militares, aduaneros y empresarios; sin embargo, los vínculos con figuras cercanas a Morena y a la familia presidencial se mantienen en la penumbra, salvo por la denuncia presentada por Federico Döring ante la FGR.
El caso del llamado huachicol fiscal no es un episodio más en la larga lista de tramas de corrupción del país. Se trata de un operativo que, según las propias autoridades, involucra más de 30 buques, millones de litros de gasolina y diésel, así como una red de sobornos que alcanzó a mandos navales, agentes aduanales y empresarios en varias entidades del país. Las detenciones recientes —incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al contralmirante Fernando Farías Laguna— parecen confirmar la magnitud del saqueo. Sin embargo, lo que aún no se toca son los nombres que en el terreno político resultan demasiado costosos.
El panista Federico Döring fue el único que hasta ahora puso sobre la mesa, en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a una docena de personajes ligados a Morena. Entre ellos figuran Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas; Horacio Duarte, su sucesor; Tania Contreras, pieza señalada en varios acuerdos; además de empresarios como Amílcar Olán, identificado como prestanombres. La denuncia, presentada justo el mismo día de la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional, encendió todas las alertas sobre la dimensión política e internacional del caso.
No obstante, lo que sigue a la ofensiva judicial es la narrativa del control de daños. Las investigaciones y filtraciones parecen dirigirse con fuerza hacia mandos medios y operadores logísticos, pero se frenan al llegar a los nombres incómodos. Ni el almirante Rafael Ojeda, ni Mario Delgado, ni mucho menos el círculo íntimo de la ex familia presidencial aparecen en la versión oficial, aunque reportes de inteligencia los mencionen en los márgenes.
La estrategia es clara: encarcelar a los operadores, despresurizar el escándalo y, en paralelo, colocar reflectores sobre opositores como Ernesto Ruffo Appel, acusado esta semana de contrabando de 15 millones de litros de combustible. Una jugada que desvía la atención del corazón del problema y ofrece a la opinión pública el mensaje de que el sistema “funciona”.
El resultado es un culebrón político donde la pregunta no es si hubo corrupción, sino hasta dónde se permitirá que llegue la investigación. La muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en Altamira, marcó un nuevo capítulo de dramatismo, mientras que las revelaciones de empresarios como Héctor Portales Ávila y Gerardo Sánchez Zumaya confirman que las redes del huachicol fiscal sirvieron no solo para enriquecimiento personal, sino también como engranaje de financiamiento político.
En este contexto, “salvar al soldado Andy” se convierte en la pieza central del tablero. No se trata de un simple expediente, sino de un pacto de silencio que protege a quienes desde la élite política y familiar permitieron que la red operara. El costo de romper ese blindaje sería incalculable, y por ello la maquinaria institucional apunta siempre a otra parte.
La investigación del huachicol fiscal avanza. Lo que no avanza es la rendición de cuentas de quienes, desde arriba, autorizaron, toleraron o se beneficiaron de un negocio que, como dijo en 2019 el propio Andrés Manuel López Obrador, no podría haberse hecho sin el visto bueno del presidente en turno.
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