En Puebla se ha instalado una narrativa de prosperidad, aplaudida con devoción por quienes, desde el empresariado organizado, deberían ser la voz crítica del sector productivo. Hoy, en lugar de representar la agenda empresarial, las cúpulas actúan como corifeos del gobierno estatal, reproduciendo un discurso que celebra una bonanza inexistente.
La Coparmex Puebla, encabezada por Beatriz Camacho Ruiz, y el Consejo Coordinador Empresarial que preside Héctor Sánchez Morales, se han alineado con el gobernador Alejandro Armenta al grado de disolverse en la narrativa oficialista. Al interior del propio aparato estatal se les considera parte del “gabinete empresarial ampliado”, un espacio simbólico desde donde las dirigencias empresariales han renunciado a su autonomía para desempeñar un papel de validación política.
En el mejor de los casos, su activismo público se concentra en acciones decorativas —como la promoción y entrega de “Alarmas Vecinales”— que, más allá de los testimonios a modo, no ofrecen evidencia empírica alguna sobre su impacto real en la seguridad ciudadana. En el peor, Beatriz Camacho participó como legitimadora voluntaria de políticas y leyes restrictivas, entre ellas la polémica “Ley de Ciberacoso”, que ha sido señalada por su potencial para vulnerar derechos humanos y coartar la libertad de expresión.
Resulta sintomático que, mientras el IMSS registra una disminución de empleadores del 3.3% en Puebla y el 71.1% de los trabajadores permanece en la informalidad —según la ENOE—, los representantes empresariales opten por posar en foros de seguridad y aplaudir cifras descontextualizadas. Su entusiasmo ante los anuncios oficiales contrasta con la realidad que enfrentan los empresarios: costos laborales en alza, reformas que encarecen la operación y una estructura económica que expulsa empleadores hacia la informalidad o el cierre.
La desconexión entre aplausos y realidad es tal que, en los hechos, las cúpulas se han convertido en el ala morenista empresarial. Su papel no es ya el de exigir infraestructura, simplificación administrativa o políticas de fomento productivo, sino el de respaldar al Ejecutivo en temas ajenos a su mandato, como la supuesta mejora en la “percepción de seguridad”.
El empresariado de base, aquel que lidia con nóminas, permisos y competencia desleal, observa con creciente desconfianza este comportamiento. Más allá de los “negocios” de los que se comienza a hablar, en corrillos se preguntan si Beatriz Camacho actúa aún como dirigente empresarial o si ha pasado a ser operadora política de un proyecto que premia la obediencia y castiga la independencia.
El contraste es brutal: mientras Puebla pierde empleadores y se estanca en el empleo formal, sus supuestos representantes celebran reuniones con el gobierno para validar una estabilidad que no existe. Han renunciado al papel de contrapeso, ese que durante años impulsó propuestas para crear parques industriales con infraestructura robusta, reducir trámites y promover la competitividad.
Hoy, en lugar de articular una agenda empresarial de desarrollo, prefieren desempeñar el triste papel de empresarios matraqueros, aplaudidores de un relato oficial que no resiste el escrutinio de los datos. En esa complicidad, Puebla no gana nada: pierde su voz crítica, su brújula productiva y la posibilidad de construir un ecosistema económico con futuro.
0 Comentarios