El déficit primario de 1.12 billones de pesos, un endeudamiento neto de 1.24 billones y una recuperación irrisoria del 3.3% de recursos observados revelan una gestión fiscal que contrasta dramáticamente con el discurso oficial de austeridad. La Cuenta Pública 2023, correspondiente al penúltimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exhibe cifras que desmontan la narrativa de finanzas públicas saneadas y combate efectivo a la corrupción.
Cuando la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos, aprobó el dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2023, lo hizo sobre un documento que encierra una paradoja fundamental: mientras los ingresos del sector público alcanzaron 7 billones 39 mil 359.8 millones de pesos, el gasto neto total ascendió a 8 billones 162 mil 986.8 millones. La aritmética es simple y brutal: un déficit primario de 1.12 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 3.5% del Producto Interno Bruto.
Esta brecha fiscal, que obligó al Estado mexicano a endeudarse por 1 billón 245 mil 432 millones de pesos en un solo año, desmiente cualquier pretensión de austeridad. El gobierno federal gastó 16% más de lo que ingresó a sus arcas, una proporción que en el contexto de las finanzas públicas contemporáneas representa no solo indisciplina fiscal, sino un riesgo estructural para la estabilidad macroeconómica del país.
La distribución del gasto revela prioridades políticas inequívocas. El ramo de Energía experimentó el incremento más significativo: 130 mil millones de pesos adicionales, reflejo directo de la política de rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Le siguieron Hacienda y Crédito Público con 81 mil millones, y los sectores de seguridad: Defensa Nacional con 32 mil millones y Marina con 15 mil millones. En contraste, Educación Pública apenas recibió 17 mil millones adicionales.
El documento oficial insiste en presentar la deuda como controlada, señalando que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 46.8% del PIB, menor en un punto porcentual respecto a 2022, y que entre 2016 y 2023 la deuda bruta pasó de 47.9% a 47.5%. Sin embargo, esta narrativa oculta una manipulación estadística deliberada: se compara con 2016, dos años antes del inicio del sexenio de López Obrador, correspondiente aún a la administración de Enrique Peña Nieto.
La estabilidad aparente del porcentaje deuda-PIB enmascara el crecimiento absoluto del endeudamiento. Si el PIB mexicano en 2023 rondó los 32 billones de pesos, el 47.5% equivale a aproximadamente 15.2 billones de pesos de deuda total. El incremento nominal es sustancial, aunque disimulado mediante el artificio de mantener la proporción respecto a un producto interno que también creció nominalmente. Si el PIB se observa en términos reales, el incremento de la deuda es brutal.
Fiscalización sin consecuencias
La Auditoría Superior de la Federación cumplió formalmente con su mandato: practicó 2,369 auditorías, alcanzando el 100% de lo programado para el ejercicio 2023. De estas revisiones, 1,959 correspondieron al Gasto Federalizado, recursos transferidos a estados, municipios y alcaldías, históricamente el ámbito de mayor opacidad en las finanzas públicas mexicanas.
Las cifras resultantes son reveladoras de un sistema de rendición de cuentas que funciona en el papel pero fracasa en la práctica. La ASF determinó recuperaciones probables por 53 mil 741.27 millones de pesos. De este monto, al momento del dictamen solo se habían recuperado efectivamente 1,762.23 millones, dejando pendientes 51 mil 979.04 millones de pesos. En términos porcentuales, la tasa de recuperación alcanza apenas el 3.3%.
La distribución geográfica y funcional de estas irregularidades es igualmente ilustrativa. Del total de posibles recuperaciones, 40 mil 801.34 millones de pesos —el 78.5%— corresponden a entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales. El grupo funcional de Desarrollo Económico concentra 7 mil 215.92 millones (14%); Desarrollo Social, 3 mil 802.12 millones (7%); y el grupo de Gobierno, paradójicamente, apenas 159.65 millones (0.3%).
Esta arquitectura de la impunidad revela que el problema no radica en la capacidad técnica de detectar irregularidades —la ASF las identifica sistemáticamente—, sino en la ausencia de mecanismos efectivos de sanción y recuperación. Los gobiernos locales operan con márgenes de discrecionalidad que rayan en la inmunidad práctica, mientras que el gobierno federal, responsable de transferir estos recursos, evade la responsabilidad política de su destino final.
La Cuenta Pública 2023 revela tres vulnerabilidades vigentes que comprometen la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Primera: la dependencia creciente del endeudamiento para sostener el gasto corriente. Con un déficit primario de 1.12 billones de pesos y un endeudamiento neto de 1.24 billones, el margen para responder a crisis económicas o shocks externos se reduce peligrosamente.
Segunda vulnerabilidad: la concentración del gasto incremental en sectores de baja productividad o rendimiento cuestionable. Los 130 mil millones adicionales destinados a Energía responden a una política de rescate de Pemex y CFE que no ha revertido el deterioro operativo de ambas empresas. La producción petrolera continúa en declive, mientras que la generación eléctrica estatal pierde competitividad frente a energías renovables.
Tercera: la descomposición del sistema de rendición de cuentas en el ámbito subnacional. Con 78.5% de las irregularidades concentradas en estados y municipios, y una tasa de recuperación del 3.3%, el federalismo fiscal mexicano funciona como un mecanismo de dispersión de responsabilidades que garantiza la impunidad. Los recursos transferidos vía Gasto Federalizado —que representan casi el 83% de las auditorías practicadas— operan en una zona gris donde la fiscalización federal identifica pero no sanciona, y las contralorías locales carecen de autonomía o capacidad técnica.
La Cuenta Pública 2023, más allá de su aprobación formal por mayoría oficialista, funciona como radiografía de un modelo de gestión fiscal que privilegia el gasto político sobre la eficiencia económica, que documenta irregularidades sin capacidad de sanción efectiva, y que acumula pasivos —tanto financieros como de credibilidad institucional— cuyo costo será absorbido por administraciones futuras y, en última instancia, por los contribuyentes.
Cuenta Pública 2023
Radiografía del último año fiscal de AMLO
💰 Déficit Fiscal Brutal
📈 Endeudamiento Masivo
🎯 ¿Dónde se gastó más?
🔍 Auditorías y Fiscalización
⚠️ El Escándalo: Irregularidades sin Sancionar
📊 ¿Dónde están las irregularidades?
⚡ Conclusión
Déficit masivo + Endeudamiento récord + Impunidad total = Crisis fiscal encubierta
Fuente: Cuenta Pública 2023 | Auditoría Superior de la Federación | Cámara de Diputados
0 Comentarios